El deber ciudadano

INEParecen pocas, pero las obligaciones de los ciudadanos mexicanos condensadas en el artículo 36 de la Constitución Política implican grandes responsabilidades cívicas y morales: todas están orientadas a colaborar en sociedad, con las instituciones que amalgaman a la nación en su modelo de República democrática y federada.

Y no es una simple casualidad que las obligaciones tengan carácter colectivo, es un reflejo de que nuestra constitución considera a los derechos -si bien individuales- orientados al bien común. Es por ello por lo que el deber ciudadano no es un acto exclusivamente individual y egoísta, es la responsabilidad que asumimos con la comunidad, con los otros, con el resto de los habitantes, con los que compartimos todas las bondades de una nación.

Tres de las cinco obligaciones ciudadanas tienen que ver con nuestra democracia y las funciones públicas de responsabilidad política: votar, ejercer cargos de elección popular y ejercer cargos de la administración pública. Esto pone en evidencia el peso que representa para un país como el nuestro, la participación y la necesidad de que los ciudadanos se involucren a cabalidad en la conducción, vigilancia y control de las instituciones locales y nacionales.

Sin embargo, frecuentemente se insiste en que los mexicanos somos apáticos, que nos cuesta trabajo participar en las responsabilidades políticas y democráticas del país. Por ejemplo, para las elecciones de este 1 de julio más de 3.5 millones de ciudadanos sorteados para ser funcionarios de casilla (una enorme responsabilidad para vigilar la transparencia electoral) rechazaron participar con esta responsabilidad, representan más del 50% de las personas a las que se invitó a hacerse cargo de esta indispensable tarea democrática.

Hay que señalar que, a diferencia de muchos países, en México el voto es una obligación y nuestro país registra el mayor abstencionismo electoral de entre los países donde este ejercicio ciudadano está mandatado por su constitución. Además, cada año un buen porcentaje de las todas las posiciones de administración pública por designación ejecutiva suelen caer en manos de apenas un puñado de apellidos y familias bien conocidas por cada localidad (algunas desde hace más de 6 décadas); es decir, mucha de la crítica a la llamada ‘clase política’ se hace casi siempre desde el nulo involucramiento ciudadano.

Insistir en una mayor participación ante los deberes ciudadanos no es tema baladí, menos cuando las búsquedas más comunes en Internet sobre procesos electorales son: “¿Cuánto pagan por ser funcionario de casilla?” y “¿Cuánto gana un diputado?”. Es decir: pareciera que la gran mayoría de los mexicanos desea comprometerse en las responsabilidades sociales sólo tras la perspectiva de remuneración económica y no desde la ética-política-ideal a favor de una democracia “de valores”, en pos del mayor bien posible y del siempre deseado bien común.

El bien común vs el privilegio egoísta

El deber ciudadano es inseparable de las necesidades colectivas; por el contrario: justo cuando pierde su dimensión comunitaria es cuando aparece el peor de los rostros de este ‘deber’: la corrupción del poder, de la posición, de privilegio en el uso de la información, los recursos o las herramientas de la administración pública.

El “lado oscuro” de los deberes ciudadanos, por desgracia, pueden palparse en todos los regímenes políticos sean democráticos o no: la compra y venta de conciencias, la usurpación de funciones ciudadanas por parte de los centros de poder, la persecución o el adormecimiento de la libertad de expresión, la corrupción sistemática o institucionalizada del ejercicio del poder público, el desvío de recursos, etcétera. Y aunque parecieran actividades muy diferentes, la perversión del deber ciudadano tiene un elemento en común: el privilegio egoísta antepuesto el bien común.

Este privilegio egoísta se manifiesta cuando el interés personal o apenas sectario somete a toda una comunidad al riesgo de que sus derechos sean vulnerados, que sus decisiones no sean tomadas en cuenta o que el resto de la sociedad soporte la creciente ambición de prerrogativas de unos pocos. El papa Francisco, durante su visita a México en febrero del 2016, dijo a los liderazgos políticos y económicos del país que la experiencia demuestra que cada vez que se busca el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve terreno fértil para la corrupción, narcotráfico, exclusión, violencia, tráfico de personas, secuestro y muerte.

Por desgracia, es común que servidores públicos aseguren que sólo responden al “deber ciudadano” que la población les ha confiado, pero en el camino hacen uso indiscriminado de las prebendas y privilegios de su posición. Incluso bajo el supuesto de hacer el bien, es fácil que el funcionario crea que las prebendas son parte de sus derechos inalienables.

Por si fuera poco, la confusión entre el bien común y el privilegio egoísta en el marco del “deber ciudadano” no es exclusiva del funcionario o del representante electo; muchas veces el deber ciudadano se empaña incluso desde el sufragio libre. En las recientes campañas electorales la organización Frente Ciudadano contra la Pobreza denunció tanto las prácticas de compra de votos como el precio que los ciudadanos le dan a su propia responsabilidad cívica. El precio en la práctica de compra de votos en México, según la organización, fluctúa entre los 200 y 5000 pesos por sufragio dependiendo de las localidades y de la competencia política entre partidos de las entidades.

Sanar la moral cívica

Pero ¿hay cura para sanar el verdadero sentido del ‘deber ciudadano’ o es irremediable la descomposición pragmática de la responsabilidad social?

En las últimas décadas, la única opción que las sociedades han emprendido para curar la enfermedad de la corrupción ha sido la creación de nuevas leyes o regulaciones, o endurecer los castigos institucionales a quienes vulneran los pactos de orden cívico. Sin embargo, la experiencia también indica que estas medidas en nada han cambiado la actitud y operación de los pervertidores del ‘deber ciudadano’. Incluso en México se ha vuelto famosa la expresión: “Es absolutamente inmoral pero completamente legal”, para ejemplificar que los abusos no siempre pueden ser perseguidos por la ley.

Y es que para recuperar el compromiso con la colectividad desde esas responsabilidades ciudadanas no basta la ley, se requiere una profunda búsqueda ética y moral.

Por ejemplo, el deber ciudadano en el ejercicio del voto debe tener interés colectivo y comunitario, incluso fuera de los márgenes sociales a los que se pertenece: la persona que ha sido exitosa en los negocios debe pensar en el bienestar de quienes no han tenido ni esa fortuna ni esa oportunidad; y, por el contrario, las clases más humildes de la sociedad también deben mirar la potencia que como comunidad tienen para mover la balanza contra regímenes que abofetean la dignidad de las personas ubicadas en los márgenes sociales. Votar por aquel que me asegure contratos millonarios o por aquel que me regala despensas o promete programas sociales innecesarios es igualmente indigno, sobaja al elector y lo somete al servilismo del poder. “Ningún hombre es una isla”, diría John Donne y yo añadiría que ninguna victoria es realmente buena si hay que celebrarla en soledad, extasiado en las ganancias, escondido detrás de las cortinas de la vergüenza.

Para desintoxicar el deber ciudadano, para curar la moral cívica, es necesaria la colectividad: Si el deber ciudadano no tiene el rostro de todo el pueblo puede transformarse en cualquier cosa, pero jamás será un actuar encaminado al bien común.

Actuar implica asumir responsabilidades con el prójimo, dicen Christoph Krauß y Joachim Hupkes en el DOCAT, el libro que condensa dudas y respuestas sobre la Doctrina Social de la Iglesia Católica: “El Mandamiento del Amor a Dios y al prójimo es un compromiso profundamente moral para que los cristianos ayudemos, sirvamos al bien común, asistamos a cualquier individuo en el desarrollo de una vida digna del hombre y protejamos a las asociaciones y comunidades en sus propios derechos”.

El deber ciudadano no es un acto heroico en sí, no requiere ni fuerza sobre humana ni extrema inteligencia -incluso ni siquiera inteligencia humana ‘promedio’ como largas generaciones de políticos nos lo han demostrado-; es más, a pesar de que se realice bajo generosa entrega, radical honestidad y constante sacrificio, el cumplir con “el deber ciudadano” ni siguiera dota a la persona de un aura inmaculada ante las críticas de la sociedad, todo lo contrario lo invita a expresar la mayor humildad y resiliencia ante la historia democrática pasada y futura del pueblo al que ha servido.

El “deber ciudadano”, considero, es más una oportunidad. La posibilidad de inclinarse en los abismos de nuestra convivencia social, de compartir tanto las alegrías como las amarguras de nuestros sistemas democráticos y regímenes políticos; pero si aún no lo convenzo, retomo lo escrito por Eduardo Mendoza luego de reconocer que no supo qué contestar a la reportera que le inquirió: “¿Usted, por qué vota?” El escritor se llenó de vergüenza al no poder responder de inmediato a la prensa; pero luego, en la tranquilidad de su casa -suponemos-, reflexionó: “Entonces, ¿por qué había ido a votar? Porque todavía me conmueve votar con la gente de mi barrio un domingo soleado por la mañana; y porque una desconfianza última me lleva a pensar que si luego las cosas se tuercen por culpa de quien sea, me quedará el consuelo de saber que yo sí he cumplido”.

@monroyfelipe

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