Sociedad y política

Cicatrices del sismo, fiestas patrias y desdén institucional

s8El gobierno federal no se ocupa de sus inmuebles históricos sino hasta que los necesita como escenarios para sus eventos. El recinto histórico y cultural más importante del país, la Catedral Metropolitana de México, permaneció prácticamente abandonado por las instancias federales tras los sismos del 19 de septiembre del 2017; pero justo a un mes de que se realicen los tradicionales festejos patrios en el Zócalo capitalino, las autoridades decidieron acelerar la restauración de los muy afectados campanarios del inmueble religioso.

Aunque la Dirección General de Sitios y Monumentos realizó un dictamen antes del 5 de febrero pasado para que sólo se pudieran tocar siete campanazos para la recepción del nuevo arzobispo de México; la tradición del ritual cívico del Grito de Independencia implica el repique constante de las campanas de la Catedral de México y la colocación de fuegos artificiales masivos justo al costado del edificio. Pero, para las autoridades de la Iglesia capitalina, el riesgo puede ser grande si no se tienen las debidas precauciones.

El sacerdote José de Jesús Aguilar, director de Arte Sacro de la Arquidiócesis de México y conocido promotor del cuidado de la Catedral, denunció a esta columna que, tras el sismo de 2017, las torres campanario del recinto tuvieron que apuntalarse con andamios metálicos (los cuales atrajeron tanto a relámpagos como a nuevas afectaciones estructurales) y que las autoridades culturales desarrollaron largos proyectos de restauración pero que no fue sino justo a un mes de la fiesta patria que se dio inicio a la inyección de material consolidante en las torres campanarios de casi 70 metros de altura.

El encargado del bienestar de los inmuebles históricos y de valor cultural de la Iglesia capitalina pregunta a las autoridades federales qué tipo de restauración realizan en el simbólico recinto y si estos esfuerzos no son sólo para hacer funcional la Catedral para un solo evento sino para el servicio cotidiano religioso que allí se ofrece a fieles, turistas y visitantes, y por supuesto para la posteridad.

Para los custodios de la Catedral de México resulta incoherente que las autoridades federales les impidan tocar las campanas por los “potenciales riesgos estructurales” pero no tengan empacho en promover la utilización de grandes cantidades de pólvora que, se ha demostrado, provocan vibraciones peligrosas al pie del templo y que –como sucedió el 15 de septiembre del 2017- estos fuegos artificiales fueron los culpables de la mutilación de una escultura monumental de cantera, obra del indígena mexiquense, Santiago Cristóbal de Sandoval, director de escultura de la Real Academia de la Nueva España a finales del siglo XVIII. En efecto: CONACULTA y el Estado Mayor Presidencial tienen en su historial y conciencia el haber provocado un daño irreparable a un bien inmueble invaluable para el pueblo mexicano.

Las autoridades federales de cultura están obligadas a dar certeza mediante dictámenes especializados, tanto a los fieles como a los custodios de los recintos religiosos históricos, del verdadero grado de afectación que se provoca con el repique de campanas sobre las torres que apenas comienzan a ser restauradas y por las explosiones de pólvora que cada año se realizan al pie del recinto catedralicio.

Por supuesto, la celebración del tradicional Grito de Independencia en el Zócalo –presidido por el  titular del ejecutivo federal o local- es un gran atractivo para muchos ciudadanos y turistas nacionales y extranjeros: las luces, el sonido, la fiesta y los fuegos artificiales son un imponderable de la celebración, pero quizá sea tiempo de voltear a mirar lo que hacen otras naciones y destinos turísticos para resguardar sus tesoros históricos y culturales. Para que los inmuebles de gran valor artístico puedan recibir a muchas generaciones en el futuro.

@monroyfelipe

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Milenial, el cambio de paradigma

jovenesvoluntariosBien se dice que la historia no es sólo el devenir de acontecimientos sino el espacio para comprender la verdad compartiendo la realidad. Y entre los hechos más incontrovertibles de nuestra época está el cambio de paradigma generacional. Las generaciones nacidas después de la gran revolución digital asisten a los acontecimientos de la realidad con otra mirada y con otras herramientas; conviven y comparten este tramo de la civilización junto a otras generaciones cuyo contexto de aprendizaje y de conveniencias sociales es diferente en la forma pero no el fondo, donde yace la naturaleza humana más rica y fecunda.

A veces pareciera que la etiqueta “milenial” representa un nuevo código genético con el que la juventud se conecta al mundo y a su realidad. Revestidos de nuevos lenguajes, comunicaciones, tecnologías, anhelos, búsquedas y sentimientos, los jóvenes del siglo XXI parecen no tener nada en común con quienes fueron jóvenes en el siglo XX. Pero quizá no haya tanta distancia como la publicidad y los gurúes de la sociedad tecnificada quieren hacer creer. Todas las generaciones –con las limitaciones propias de su historia y tiempo-, comparten al menos el ímpetu por conseguir un mundo más justo y sostenible del que los mayores les están dejando, donde su voz y su pensar se traduzcan en realidades trascendentales, en alegría, motivación y –si se permite el oxímoron- en ruptura constructiva.

Hace apenas un lustro, el acercamiento hacia la generación milenial se estudiaba desde las generaciones precedentes: ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo dialogar con ellos? ¿Cómo hacerlos partícipes de las búsquedas de sus padres y abuelos? ¿Cómo adaptarnos al mundo que la nueva generación impone? El educador español, José María Bautista,  por ejemplo, exponía a maestros y padres de familia que al joven de la generación milenial se le tenía que hablar en menos de tres minutos, que no se les expusieran los conceptos sino que les anima a investigarlos, que se les debía atender con mente abierta y alerta, que no había que dejarlos sentarse ni aislarse, que plantearan la realidad como un hipertexto, multidimensional, correlacional, interconectada.

Es decir: la tradicional preocupación de adaptación para lograr conectar –sin prisa pero sin pausas- con la generación que habrá de remplazarles. Sin embargo, la imperante realidad nos indica que los milenials son ya la mitad de la Población Económicamente Activa en México (aunque con varios problemas en el escenario) y que el remplazo demográfico, cultural y económico de la generación precedente es más veloz de lo que imaginábamos: los procesos educativos intergeneracionales deben ser inmediatos. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México 2017, apunta que los milenials en el país suman 37.65 millones de habitantes pero que la generación zeta les rebasa en un millón de personas. Esto es, la mirada que compara la generación milenial con ‘los jóvenes’ podría no ser tan acertada en estos momentos. Los milenials son ya jóvenes adultos que tienen en sus manos la posibilidad de consolidar los cambios esperados para su generación y las que les sucedan; pero también, deben lidiar con no pocos conflictos que su generación les exige.

En la misma Encuesta, se evidencia que la generación milenial tiene un mayor umbral educativo que el de sus padres, que su natural búsqueda de satisfactores les ha orillado a abandonar pueblos o ciudades pequeñas, que más de la mitad de ellos vive en pareja (pero sólo el 30% bajo la figura matrimonial tradicional); esto les motiva a incorporarse al mercado laboral y aunque representan ya la mitad de la población económicamente activa, todo parece indicar que no alcanzarán más que eso: la generación x sigue laborando aún en edades muy tardías y la generación z se integra en el mercado a muy corta edad. El desempleo en la generación milenial es fermento de varios conflictos sociales.

Una generación con la mirada puesta en todos los horizontes posibles gracias a la tecnología, con los anhelos de todos los satisfactores que se muestran en las redes sociales y los contenidos de internet, puede perder la paciencia rápidamente si no encuentra salida real a sus demandas. La indignación de esta generación no viene por el miedo a la extinción (como lo pensaron las generaciones de la postguerra y la guerra fía) o por el vacío e intrascendencia (como en la generación x) sino por la abrumadora realidad que no todo puede ser para todos a pesar de que políticamente parezca esa la única opción. Para esta generación la respuesta ya no la esperan de la autoridad o de las instituciones, sino de las redes de acción, de la comunidad sementada (ni siquiera la colectividad). Y, aunque a las generaciones precedentes les parezca que esta generación se aleja de lo que con tanto esfuerzo hubieron ellos construido, hay que recordarles lo que apuntó el filósofo Emmanuel Mounier: “Los hombres no se distinguirán por la postura que tomen ante el tema de Dios, sino por la que tomen ante los condenados de la tierra”.

Por estas y muchas otras razones que seguramente no alcanzamos a ver aún, es que la mirada hacia el futuro puede estar llena de esperanza, porque las riquezas de la civilización pre-digital y las expectativas de la generación post-digital poseen valores de humanidad. Porque el presente –en constante construcción- requiere de hombres y mujeres que se conduzcan siempre en crecimiento de su persona y del espacio que habitan. A pesar de la tecnificación de la vida y de la aparente despersonalización de las relaciones, la persona humana siempre será el medio, sujeto y fin de toda la cultura, de toda actividad humana y dinámica social. Es muy positiva –y ecuánime- esta definición que los obispos de México dieron al ser humano en su particular tiempo y su  circunstancia: “El hombre es un ser complejo de eminente dignidad; espíritu encarnado que con inteligencia y libertad participa en la construcción del mundo. Que por su individualidad es idéntico a sí mismo y diferente a los demás; por su sociabilidad se encuentra vinculado esencialmente a la comunidad, al cosmos y, por supuesto, a Dios. Su bien personal y el bien de la comunidad [aunque sea digital] son sus objetivos. Recibe influencias exteriores e interiores que lo condicionan, pero no lo determinan. Posee derechos que emanan de su propia naturaleza, que siempre se le deben respetar” (cfr. 101, Conmemorar nuestra historia… CEM. 2010)

Quizá el milenial haya impreso un cambio de paradigma en el lenguaje, el sentimiento y en la comprensión de la realidad pero no en la naturaleza humana: la utopía, la cooperación y la empatía siguen impresos en el alma humana; pero para ellos la utopía se ha hecho multidimensional, la cooperación, inasible, y la empatía, global. Como se ve, el horizonte de la generación milenial se ha ensanchado y, con él también las miradas y los brazos.

@monroyfelipe

*Publicado en El Observador 12 de agosto 2018

Olimón Nolasco: un historiador consecuente

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Falleció en Edimburgo este 2 de agosto, el sacerdote e historiador mexicano Manuel OIimón Nolasco, justo el día de la Porciúncula, víctima de una serie de complicaciones cardiacas. Nacido en  la Ciudad de México en 1942 (por razones meramente circunstanciales, como él mismo decía), el sacerdote nayarita destacó por su prolífica producción bibliográfica sobre los más audaces temas históricos de México, de su amada Iglesia y su predilecta Nayarit.

Con la partida de Olimón, el último de los intelectuales cuyas agudas observaciones sobre el acontecimiento guadalupano pusieron alarmas en la propia Iglesia católica sobre sus certezas y procesos, concluye una muy audaz etapa de la actitud del clero mexicano ante las instituciones culturales del país. Olimón, al igual que sus maestros y colegas, alzó la voz con las herramientas del método científico, la investigación, la reflexión y el estudio, para denunciar los errores formativos que se forjan, divulgan y hasta promueven los centros de construcción cultural institucionales.

Para el fecundo historiador no había tema que no mereciera ser revisado y comentado. En 2007 decidió enfrentarse a un escritor de bestsellers pseudohistóricos y le dedicó un pequeño opúsculo donde refutó prácticamente todas las “pruebas históricas” que el literato presumía de su libro. Olimón no podía dejar pasar errores, la búsqueda de la verdad le obligaba a ser consecuente y responsable hasta el riesgo de ser señalado, temido y hasta confinado.

Fue ordenado sacerdote en Tepic, el 4 de febrero de 1973; administró diferentes servicios eclesiáticos pero su inquietud intelectual (forjada en México, Estados Unidos e Italia) dio frutos en la academia: impartió diferentes asignaturas y seminarios en la Universidad Pontificia de México, Universidad Iberoamericana, Universidad Intercontinental, UNAM, Universidad Autónoma de la CIudad de México y el IPADE.

Fue Director General de la Comisión Nacional de Arte Sacro y Consultor de la Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia; en 2011 recibió la membresía en carácter de Corresponsal de la Academia Mexicana de Historia.

Autor de 16 libros propios (se habla de uno más que se editará póstumamente) y colaborador en artículos académicos para más de 40 títulos especializados, Olimón es recordado particularmente por su polémico libro: “La búsqueda de Juan Diego”. Un intenso tratado que cuestionó las razones de las autoridades de la Arquidiócesis de México para acelerar la canonización del vidente de las apariciones marianas de la Virgen de Guadalupe, Juan Diego Cuauhtlatoatzin acontecida en 2002: “En conclusión -apunta Stafford Poole en un apéndice de la obra-, hay serios cuestionamientos acerca de la existencia de Juan Diego. Estas cuestiones deben resolverse antes de cualquier intento de canonizarlo. En este asunto lo mejor es proceder lenta, prudente y cautelosamente. Nada se perderá por demora, mientras que mucho puede perderse por prisa”.

Olimón Nolasco advirtió los riesgos de llevar a los altares al indio Juan Diego si no se comprobaba plena y desinteresadamente su historicidad; y, aunque al final acató la canonización por tratarse de un tema de veneración, en su defensa nunca rechazó seguir buscando la verdad histórica.

Al final de su vida, el sacerdote Olimón reflexionaba sobre aquellas crisis que vivió y desató por atender con sacrificio el oficio de historiador: “La primera reconciliación de los espacios oscuros de nuestra vida -afirmó refiriéndose a los muchos márgenes negros de la cultura, vida e identidad mexicana- es con la purificación de la memoria histórica”. Afortunadamente don Manuel Olimón deja una vasta producción intelectual que seguramente ayudará a futuras generaciones a emprender esa necesaria reconciliación.

@monroyfelipe

 

AMLO: Espiritualidad, religiosidad y Estado

amlorezAl margen de las filias o fobias políticas que se puedan tener con Andrés Manuel López Obrador, no hay que minimizar algunos de los sentimientos pseudorreligiosos que provoca su persona, su discurso y sus actos. Es bien sabido que el político nunca ha desdeñado los frutos, los esfuerzos ni la potencialidad de las diferentes expresiones religiosas del pueblo mexicano; por ello no siente empacho de citar al liberal periodista decimonónico, Ignacio Ramírez, El Nigromante: “Me hinco donde se hinca el pueblo”.

Sin embargo, el tema no es tan sencillo. La línea entre el respeto institucional a las diferentes expresiones religiosas y la generosa condescendencia del poder para dialogar con las asociaciones religiosas es muy difusa. Máxime en un país que aún carga la pesada losa de un institucionalismo antirreligioso, heredado más de la conformación del partido hegemónico (con Plutarco Elías Calles, fundador del PNR y creador de leyes de abierta persecución religiosa) que de las Leyes de Reforma juaristas que separaron a la Iglesia del Estado.

Uno de los principales problemas del modelo “Revolucionario e Institucional” de la política en el siglo XX en México fue el permanente desdén al ardor interno de la religión en el corazón de los mexicanos. Para la persona es casi imposible dejar sus búsquedas religiosas al entrar en las instituciones revolucionarias y, si lograra hacerlo, terminaría esquizofrénica al vivir una moral de orden privado diferente de esa otra moral que le exige el orden público. El resultado: sistemas de creencias populares confusos, irracionales y supersticiosos.

Es un hecho que el alma humana necesita el ardor de una vida espiritual tal como una vela requiere el fuego para iluminar o consumirse; por ello llama la atención que, entorno al próximo presidente de México, existan expresiones populares de intensa carga religiosa. Tras el triunfo del 1 julio, en la llamada “Casa de la Transición” donde López Obrador ya despacha y atiende asuntos nacionales e internacionales no ha cesado la presencia de personas que le esperan con fervor, sacrificios y esperanza. Pero en la tercera semana del triunfo, Teresa Rueda Cantú -originaria de Coahuila- hizo un acto irreversible: colocó un altar con velas, agua, oraciones y una estampa de la Virgen María; junto a José Luis Rosas y Jorge Reyes oró un Padre Nuestro y lanzaron una singular plegaria: “Queremos un presidente que sea héroe y campeón / para derrotar al vandalismo y la corrupción / para que todos nuestros niños coman pan / con mucho amor”.

Por supuesto habrá mucha gente que se escandalice con esto y se alarme ante el posible derrotero fanático; pero siguiendo la lógica del filósofo protestante Soren Kierkegaard sobre que el acto de rezar no cambia al dios, sino que cambia a quien alza la oración, no nos centremos en lo evidente. El tema no es de mesianismo sino de las diferentes dimensiones de la cultura religiosa: ¿Cuáles son las vivencias culturales de la fe y cuáles vivencias religiosas detonan búsquedas de esperanza y solidaridad en México?

Pero lo más importante: ¿Cómo actualizaremos esta dimensión cultural religiosa en una identidad nacional y una libertad religiosa más plena y menos disonante?

Algo en esta materia debe suceder en la Cuarta Transformación, porque la modernización del Estado y de sus relaciones con sus ciudadanos también pasa por instituciones que no sólo ‘toleren’ o ‘regulen’ las expresiones religiosas, sino que comprendan, vinculen y potencien los recursos de la religiosidad popular y las instituciones religiosas en relación con los diversos sentires de un país más plural y más sensible a las cualidades de sus habitantes. Pero, sobre todo, que los límites de la identidad religiosa personal de funcionarios públicos y sus responsabilidades éticas al frente de las instituciones formen parte del debate de idoneidad e integridad moral de nuevas generaciones de actores políticos.

Allí hay una tarea por atender desde la nueva dimensión que López Obrador quiera dar a la Dirección de Asociaciones Religiosas (un área de alto interés para las iglesias evangélicas que acompañaron a AMLO desde el Partido Encuentro Social) pero no desde el cabildeo político-eclesiástico; sino desde la reflexión moral de la acción social y las responsabilidades administrativas.

Porque a pesar del avance con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 1992 aún hay materia de actualización sobre derechos humanos, libertad de manifestación y participación social de las instituciones religiosas. Si alguna experiencia puede ser verdaderamente revolucionaria y transformadora en el proyecto que está por iniciar es reencontrar senderos institucionales para sanar aquella ruptura abismal (aunque algunas veces simulada) entre el Estado y las iglesias, pero artificialmente dolorosa y esperanzadoramente indomable en el sentir de los mexicanos.

@monroyfelipe

El tiempo de los prosélitos

brucMientras el recambio administrativo en México toma forma y velocidad, parece que lo único que alimenta la incertidumbre es el alarmismo. Las profecías apocalípticas pre electorales fueron conjuradas -hasta el momento, porque ese es el misterio de las visiones- y los medios publican la impresión de que todo ha encontrado una relativa estabilidad que tranquiliza.

Por eso es el tiempo de los prosélitos, de los que buscarán avecindarse en el centro de la acción y los que preferirán quedarse en la periferia del nuevo cosmos, en la puerta de la ciudad. Las transformaciones son así: se cambia el centroide de poder y giran en diferentes órbitas los elegidos y los recién llegados.  En la tradición hebraica, los prosélitos se distinguían en dos clases: los “justos” y los “de la puerta”. Para los primeros, no sólo las estrictas obligaciones sino la plena identidad; para los segundos, la convivencia respetuosa y sólo la responsabilidad de seguir apenas siete preceptos.

En el caso de la transición de la administración federal, el nuevo gobierno parece ir imponiendo esta visión: el primer círculo, de identidad plena con la propuesta Cuarta Transformación; el resto, sólo coincidir en los preceptos, pero no son siete, sino cincuenta puntos de un plan de austeridad y trasparencia radicales. Algunos que se antoja difícil aplicar, como el número 30: “Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía y de otras dependencias, no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública”.

Nadie dijo que la vida de un prosélito no tenga sus sacrificios; ese es quizá el primordial sentido de los cincuenta puntos anticorrupción de López Obrador. El cambio no sólo de personal sino de una nueva moral: “Hay más alegría en dar que en recibir… No hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, por mínimo que sea”, reza la declaración de principios del futuro presidente. Por supuesto, no todos comparten la visión y hasta la llaman “romántica, utópica o irrealizable”.

Quienes alertan que este tipo de transformación radical del servicio público puede no ser la solución aducen que los verdaderos talentos no querrán ni tendrán incentivo alguno para trabajar seis días a la semana, ocho horas diarias, por menos de 80 o 70 mil pesos mensuales. Es decir, que la competitividad del funcionario público depende, en buena medida, de la gratificación económica y no de la vocación de servicio. En los corrillos de las dependencias públicas corre ya el sardónico comentario que afirma no será difícil la remoción de las plazas de confianza porque la gran mayoría de ese personal ya busca cómo acomodarse en el sector privado.

En la historia de los gobiernos siempre existen aquellas personas que no quieren adoptar la nueva identidad o simplemente no comparten los nuevos preceptos morales; esto es normal y precisamente la democracia es uno de los sistemas más acabados para dar voz y voto a los necesarios opositores.

Es buen tiempo para los prosélitos, pero también para los objetores; y se espera de ambos una altura ética y una sacrificada responsabilidad social. El interés no sólo es hacer cambiar de opinión al contrario sino evitar que la tensión ideológica rompa la posibilidad de diálogo.

@monroyfelipe

¿Cómo reparar un partido político?

Bildschirmfoto-2014-09-24-um-12.18.24Reconozcámoslo, no es la primera vez que se nos despedaza algún partido político. El alba y el ocaso de grupos ideológicos que emprenden la legítima búsqueda del poder o de grupos de poder que emprenden la extenuante tarea de fingir que tienen principios ideológicos son fenómenos que hemos contemplado a lo largo en nuestra muy peculiar construcción democrática. Y hay que reconocer que eso es natural: los modelos se agotan, cambian las circunstancias, se transforma el mundo.

El espejismo recurrente del poder es la eternidad. Pero es claro que la contingencia acompaña a todas las realidades sociales, incluido el poder político. Por ello, algunos partidos se van avejentando de manera natural y algunos mueren intempestivamente. Los primeros pueden desaparecer lentamente dejando dos estelas: o una escuela o un resentimiento; los segundos perecen tan rápido que ni sus simpatizantes recuerdan sus siglas ni sus eslóganes a la vuelta de los días.

En México hemos tenido ambos casos trágicos. Partidos políticos que surgieron más por la presión que del consenso; nacieron del poder, pero no de la necesidad. De esos partidos políticos casi no queda nada. Sólo operadores sobrevivientes, náufragos que sueñan con ruinas en otros barcos que los llevan a la tierra de oscuras oportunidades.

Pero también hemos tenido partidos que se erigieron gracias al clamor popular, a una convicción; como el eco de un anhelo que cruzaba por los sufrimientos de un pueblo. Partidos que nacieron tan pequeños como un vivaz riachuelo y que, con el tiempo, fueron mares estancados sin salidas ni afluentes. De la muerte de esos partidos quedan dos cosas: un ideal, el sueño por fecundar otras tierras; y una necedad, la imposibilidad de adaptarse.

La cultura del descarte -una especie de filosofía o costumbre social que prefiere tirar lo roto en lugar de repararlo- indica que los despojados del triunfo, de los reflectores o de las esperanzas no tienen remedio, que deben ser desechados. Algo nuevo lo sustituirá, algo joven (algo que, sin embargo, también tendrá fecha de caducidad).

¿Qué hacemos con los partidos políticos que fracasaron terriblemente ya fuere por su envejecimiento crónico o por su innecesaria existencia? ¿Qué es lo que sus tripulaciones desean rescatar de las naves destrozadas tras la batalla? ¿Abordarán al barco triunfante sólo por supervivencia o se aferrarán al último madero alegando entereza moral? ¿Qué tesoros guardaban las bodegas de esas embarcaciones? ¿Dinero y poder? ¿Valores y principios? ¿Bienes o personas?

Queda claro que los pragmáticos sugerirán un renacimiento entero: nueva nave y nuevos aparejos, nueva tripulación y marinos; nuevo nombre y ruta. Nuevo todo, todo nuevo. Pero los románticos lucharán por rescatar “el corazón” del navío. El poder inasible de una convicción que se podrá llamar ‘principio’ o ‘doctrina’. A veces, como nos indica la tradición japonesa del Kintsugi, la reparación de algo roto puede generar una belleza inesperada, sutil y vulnerable, pero abierta a la posibilidad de sumar partidarios.

Una última reflexión: que la reparación de un partido político sea posible no quiere decir que sea necesaria. Puede bien permanecer en las costas de nuestra memoria, encallado como un ancestral buque que se resigna a morir del todo. También allí estaría dando ejemplo, asintiendo en silencio lo que Oscar Wilde alguna vez escribió: “La experiencia es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores”.

@monroyfelipe

El deber ciudadano

INEParecen pocas, pero las obligaciones de los ciudadanos mexicanos condensadas en el artículo 36 de la Constitución Política implican grandes responsabilidades cívicas y morales: todas están orientadas a colaborar en sociedad, con las instituciones que amalgaman a la nación en su modelo de República democrática y federada.

Y no es una simple casualidad que las obligaciones tengan carácter colectivo, es un reflejo de que nuestra constitución considera a los derechos -si bien individuales- orientados al bien común. Es por ello por lo que el deber ciudadano no es un acto exclusivamente individual y egoísta, es la responsabilidad que asumimos con la comunidad, con los otros, con el resto de los habitantes, con los que compartimos todas las bondades de una nación.

Tres de las cinco obligaciones ciudadanas tienen que ver con nuestra democracia y las funciones públicas de responsabilidad política: votar, ejercer cargos de elección popular y ejercer cargos de la administración pública. Esto pone en evidencia el peso que representa para un país como el nuestro, la participación y la necesidad de que los ciudadanos se involucren a cabalidad en la conducción, vigilancia y control de las instituciones locales y nacionales.

Sin embargo, frecuentemente se insiste en que los mexicanos somos apáticos, que nos cuesta trabajo participar en las responsabilidades políticas y democráticas del país. Por ejemplo, para las elecciones de este 1 de julio más de 3.5 millones de ciudadanos sorteados para ser funcionarios de casilla (una enorme responsabilidad para vigilar la transparencia electoral) rechazaron participar con esta responsabilidad, representan más del 50% de las personas a las que se invitó a hacerse cargo de esta indispensable tarea democrática.

Hay que señalar que, a diferencia de muchos países, en México el voto es una obligación y nuestro país registra el mayor abstencionismo electoral de entre los países donde este ejercicio ciudadano está mandatado por su constitución. Además, cada año un buen porcentaje de las todas las posiciones de administración pública por designación ejecutiva suelen caer en manos de apenas un puñado de apellidos y familias bien conocidas por cada localidad (algunas desde hace más de 6 décadas); es decir, mucha de la crítica a la llamada ‘clase política’ se hace casi siempre desde el nulo involucramiento ciudadano.

Insistir en una mayor participación ante los deberes ciudadanos no es tema baladí, menos cuando las búsquedas más comunes en Internet sobre procesos electorales son: “¿Cuánto pagan por ser funcionario de casilla?” y “¿Cuánto gana un diputado?”. Es decir: pareciera que la gran mayoría de los mexicanos desea comprometerse en las responsabilidades sociales sólo tras la perspectiva de remuneración económica y no desde la ética-política-ideal a favor de una democracia “de valores”, en pos del mayor bien posible y del siempre deseado bien común.

El bien común vs el privilegio egoísta

El deber ciudadano es inseparable de las necesidades colectivas; por el contrario: justo cuando pierde su dimensión comunitaria es cuando aparece el peor de los rostros de este ‘deber’: la corrupción del poder, de la posición, de privilegio en el uso de la información, los recursos o las herramientas de la administración pública.

El “lado oscuro” de los deberes ciudadanos, por desgracia, pueden palparse en todos los regímenes políticos sean democráticos o no: la compra y venta de conciencias, la usurpación de funciones ciudadanas por parte de los centros de poder, la persecución o el adormecimiento de la libertad de expresión, la corrupción sistemática o institucionalizada del ejercicio del poder público, el desvío de recursos, etcétera. Y aunque parecieran actividades muy diferentes, la perversión del deber ciudadano tiene un elemento en común: el privilegio egoísta antepuesto el bien común.

Este privilegio egoísta se manifiesta cuando el interés personal o apenas sectario somete a toda una comunidad al riesgo de que sus derechos sean vulnerados, que sus decisiones no sean tomadas en cuenta o que el resto de la sociedad soporte la creciente ambición de prerrogativas de unos pocos. El papa Francisco, durante su visita a México en febrero del 2016, dijo a los liderazgos políticos y económicos del país que la experiencia demuestra que cada vez que se busca el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve terreno fértil para la corrupción, narcotráfico, exclusión, violencia, tráfico de personas, secuestro y muerte.

Por desgracia, es común que servidores públicos aseguren que sólo responden al “deber ciudadano” que la población les ha confiado, pero en el camino hacen uso indiscriminado de las prebendas y privilegios de su posición. Incluso bajo el supuesto de hacer el bien, es fácil que el funcionario crea que las prebendas son parte de sus derechos inalienables.

Por si fuera poco, la confusión entre el bien común y el privilegio egoísta en el marco del “deber ciudadano” no es exclusiva del funcionario o del representante electo; muchas veces el deber ciudadano se empaña incluso desde el sufragio libre. En las recientes campañas electorales la organización Frente Ciudadano contra la Pobreza denunció tanto las prácticas de compra de votos como el precio que los ciudadanos le dan a su propia responsabilidad cívica. El precio en la práctica de compra de votos en México, según la organización, fluctúa entre los 200 y 5000 pesos por sufragio dependiendo de las localidades y de la competencia política entre partidos de las entidades.

Sanar la moral cívica

Pero ¿hay cura para sanar el verdadero sentido del ‘deber ciudadano’ o es irremediable la descomposición pragmática de la responsabilidad social?

En las últimas décadas, la única opción que las sociedades han emprendido para curar la enfermedad de la corrupción ha sido la creación de nuevas leyes o regulaciones, o endurecer los castigos institucionales a quienes vulneran los pactos de orden cívico. Sin embargo, la experiencia también indica que estas medidas en nada han cambiado la actitud y operación de los pervertidores del ‘deber ciudadano’. Incluso en México se ha vuelto famosa la expresión: “Es absolutamente inmoral pero completamente legal”, para ejemplificar que los abusos no siempre pueden ser perseguidos por la ley.

Y es que para recuperar el compromiso con la colectividad desde esas responsabilidades ciudadanas no basta la ley, se requiere una profunda búsqueda ética y moral.

Por ejemplo, el deber ciudadano en el ejercicio del voto debe tener interés colectivo y comunitario, incluso fuera de los márgenes sociales a los que se pertenece: la persona que ha sido exitosa en los negocios debe pensar en el bienestar de quienes no han tenido ni esa fortuna ni esa oportunidad; y, por el contrario, las clases más humildes de la sociedad también deben mirar la potencia que como comunidad tienen para mover la balanza contra regímenes que abofetean la dignidad de las personas ubicadas en los márgenes sociales. Votar por aquel que me asegure contratos millonarios o por aquel que me regala despensas o promete programas sociales innecesarios es igualmente indigno, sobaja al elector y lo somete al servilismo del poder. “Ningún hombre es una isla”, diría John Donne y yo añadiría que ninguna victoria es realmente buena si hay que celebrarla en soledad, extasiado en las ganancias, escondido detrás de las cortinas de la vergüenza.

Para desintoxicar el deber ciudadano, para curar la moral cívica, es necesaria la colectividad: Si el deber ciudadano no tiene el rostro de todo el pueblo puede transformarse en cualquier cosa, pero jamás será un actuar encaminado al bien común.

Actuar implica asumir responsabilidades con el prójimo, dicen Christoph Krauß y Joachim Hupkes en el DOCAT, el libro que condensa dudas y respuestas sobre la Doctrina Social de la Iglesia Católica: “El Mandamiento del Amor a Dios y al prójimo es un compromiso profundamente moral para que los cristianos ayudemos, sirvamos al bien común, asistamos a cualquier individuo en el desarrollo de una vida digna del hombre y protejamos a las asociaciones y comunidades en sus propios derechos”.

El deber ciudadano no es un acto heroico en sí, no requiere ni fuerza sobre humana ni extrema inteligencia -incluso ni siquiera inteligencia humana ‘promedio’ como largas generaciones de políticos nos lo han demostrado-; es más, a pesar de que se realice bajo generosa entrega, radical honestidad y constante sacrificio, el cumplir con “el deber ciudadano” ni siguiera dota a la persona de un aura inmaculada ante las críticas de la sociedad, todo lo contrario lo invita a expresar la mayor humildad y resiliencia ante la historia democrática pasada y futura del pueblo al que ha servido.

El “deber ciudadano”, considero, es más una oportunidad. La posibilidad de inclinarse en los abismos de nuestra convivencia social, de compartir tanto las alegrías como las amarguras de nuestros sistemas democráticos y regímenes políticos; pero si aún no lo convenzo, retomo lo escrito por Eduardo Mendoza luego de reconocer que no supo qué contestar a la reportera que le inquirió: “¿Usted, por qué vota?” El escritor se llenó de vergüenza al no poder responder de inmediato a la prensa; pero luego, en la tranquilidad de su casa -suponemos-, reflexionó: “Entonces, ¿por qué había ido a votar? Porque todavía me conmueve votar con la gente de mi barrio un domingo soleado por la mañana; y porque una desconfianza última me lleva a pensar que si luego las cosas se tuercen por culpa de quien sea, me quedará el consuelo de saber que yo sí he cumplido”.

@monroyfelipe

Fanatismo electoral: ¿Compromiso o intransigencia?

joven_agrede_hombre_silla_ruedas_rusia (1)Afortunadamente ya estamos en los últimos momentos de las campañas electorales. Es un alivio para millones de mexicanos que no sólo debieron soportar con estoicismo heroico millones de spots sino ‘genialidades’ creativas como comparar el proceso electoral con la elección de un pretendiente; pero, lo peor, el fanatismo político de fidelidad incondicional que no logró abrir espacios de diálogo o conciliación entre diferentes posturas de la muy plural sociedad mexicana. Desde el inicio ya se había advertido que un ingrediente central de las campañas ha sido el maniqueísmo moral, casi religioso, de contrastar lo bueno con lo malo, la esperanza con el peligro, lo bonito de lo feo, lo necesario de lo prescindible, lo no negociable frente a lo contingente, todo en valores absolutos.

George Orwell afirmaba que “la mayoría de nosotros sigue creyendo que todas las opciones políticas consisten en tener que elegir entre el bien y el mal… creo que sería preciso despojarnos de esta creencia que nos viene del jardín de la infancia”. Y tiene razón, máxime porque no pocos líderes aprovecharon esas murallas de radicalidad moral de sus seguidores para influenciarlos en su reflexión a favor o en contra de personas o proyectos políticos; pero lo que parece que podría germinar sólo en ciertos grupos religiosos, es evidente que encontró tierra fértil en toda la esfera social.

En los discursos abiertos, los líderes morales de grupos sociales han insistido a sus seguidores que la elección de sus representantes debe hacerse desde la reflexión razonada. Pero lo que no advierten es que la razón que piden es más cerrada que abierta. Es decir, una razón de lógica cerrada (intransigente) frente a una lógica abierta (flexible). Y lo que en el fondo los líderes piden a sus seguidores es que usen la reflexión de lógica moral cerrada para justificar ‘valores irrenunciables’ ‘principios no negociables’ o ‘actitudes irreconciliables’.

El escritor católico Charles Péguy reflexiona al respecto: “Es un prejuicio, pero absolutamente irradicable, pretender que una razón cerrada sea más razón de una razón abierta […] las lógicas cerradas son infinitamente menos exigentes que las lógicas abiertas, al ser infinitamente menos ajustadas. Las morales cerradas son infinitamente menos exigentes que las morales abiertas, al ser infinitamente menos ajustadas… contrariamente a todo lo que se cree, es la rigidez la que hace trampas, la que miente; y es la flexibilidad no sólo la que no hace trampas ni miente, sino la que no permite trampear, ni deja mentir. La rigidez, todo lo permite, no señala nada”.

Quizá por ello la tónica de las campañas, por desgracia, ha fluido más hacia el sectarismo intransigente que al compromiso conciliador: en la primera es más fácil la mentira y la trampa (justificarían más las fake news y el fraude, por ejemplo). Por supuesto, cuando las cosas van mal, cuando las respuestas parecen tan esquivas ante una realidad tan dolorosa como lo es la mexicana en el contexto actual, la intransigencia parece más seductora que el compromiso con la alteridad, la otredad o la conciliación.

Para evitar que el sectarismo moral en la política genere tribalismo socio-cultural y todas sus nefastas consecuencias como la discriminación y la persecución, es necesario que los liderazgos morales promuevan más el compromiso con la conciliación y la construcción de puentes entre expectativas contradictorias o entre valores opuestos; de lo contario, el fundamentalismo fanático se alimentará de los miedos y los prejuicios promovidos por las campañas electorales. “El intransigente -dice Paul Valadier- está en las antípodas del hombre del compromiso… al intransigente le gusta ufanarse de no ser como los demás… altivo y algo despectivo porque cree en su rigor, en su distinción personal que le separa de los demás, del vulgo”.

El compromiso, el verdadero compromiso, trabaja desde la vulnerabilidad y la pobreza; la intransigencia casi siempre debe pagar con componendas inconfesables el éxito de su cerrazón. Como decía: es un alivio que las campañas ya estén por concluir, pero la polarización que sembraron podrá crecer en formas más oscuras de política excluyente. Y si así fuera, ¿qué habremos de cosechar en los próximos seis años?

@monroyfelipe

Lujitos institucionalizados

El uso de recursos públicos (o corporativos) para satisfacciones o ‘lujitos’ personales es completamente reprobable. Es una de las acciones que más destruye la confianza en instituciones por obra directa de los individuos. Y es, al mismo tiempo, muy fácil para las personas creer que merecen esos ‘pellizcos’ que le dan al erario cuando tienen oportunidad.

Lo que recientemente se hizo público con el caso de la senadora que a todas luces ha utilizado su posición para hacer gastos personales con carga al presupuesto de la Cámara Alta es, sin ser complacientes ni minimizando la gravedad de los hechos, una práctica generalizada en todos los sectores de la administración pública e incluso de no pocas organizaciones privadas, aunque estas últimas exigen una reflexión de otra naturaleza.

Algunos de estos actos son en extremo evidentes como comprar con recursos públicos artículos de uso personal; pero se vuelven más sutiles cuando se trata de pagar ciertos servicios cuya necesidad es debatible costear con dinero público o con los emolumentos personales: gastos de representación (alimentos, traslados y hospedajes), servicios de imagen personal (peluquero, maquillista, asesores de imagen), choferes y seguridad privada, consumo ilimitado de gasolina y peajes, servicios de salud y bienestar (nutriólogos, entrenadores, masajistas), formación y educación (capacitaciones, diplomados, entrenamientos, etcétera).

Por supuesto, mucha gente no quiere comparar lo que “roban los políticos” con lo que “toma la sociedad”. Pero pongamos el ejemplo de las conchas sin azúcar, muebles y artículos personales que la senadora cargó al gasto público frente a lo que muchos ciudadanos hicieron al registrar sus automóviles (muchos de lujo) en el estado de Morelos para no pagar tenencia y evitar fotomultas. ¿Cuál actitud provoca una mayor pérdida a los recursos públicos? ¿Cuál es más sancionable moral y públicamente? ¿Qué consecuencias penales puede tener el primero y cuáles el segundo? Y finalmente, ¿cuál estaría dispuesto a hacer usted, querido lector, si tuviera la oportunidad?

Por supuesto, es muy probable que afirme que la primera acción (ser funcionario y aprovechar la posición para cargar al gasto público satisfactores personales) es más grave porque pone todas las alarmas sobre esa persona en el ejercicio honesto y desinteresado de sus responsabilidades: ¿No acaso un funcionario que gasta sin pudor los recursos de la nación puede también pedir una tajada por negocios, licitaciones o adjudicaciones directas? ¿No acaso un servidor público que no se ruboriza al pellizcar la partida presupuestal puede también crear enormes boquetes financieros en deuda o engañosos proyectos de infraestructura con material de cuarta que terminan en socavones mortales? Y ni siquiera estamos hablando de la prepotencia, la impunidad, el fuero o el tráfico de influencias que también podrían considerarse lujitos institucionales.

Pero los ciudadanos de a pie también pecamos del mismo mal: desde la simulación o evasión en el pago de impuestos hasta la innoble recepción de bienes o beneficios económicos a cambio de la venta de la conciencia o del voto. En general no se critica esta actitud, todo lo contrario: se aplaude a aquel individuo que descubre oportunidades de ganancia ocultas para la mayoría de las personas, aún cuando esas oportunidades lindan en la frontera de lo legal, lo legítimo o lo moralmente correcto.

Aceptar un bien que se obtiene de una manera injusta habla de una cultura del agandalle que hace mucho mal a las sociedades donde se le da carta de naturalización. Y hay que reconocer con vergüenza que México ha adoptado este estilo cuya imagen más cruda es la del pernicioso victimismo pegado a la ubre del presupuesto o del grosero acaparamiento de ventajas inmorales, pero perfectamente legales.

@monroyfelipe

Contra el abuso sexual, obispos de México apuestan por nueva cultura de prevención

cema.jpgTomó casi los dos periodos de presidencia del cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, al frente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pero la ruta hacia una nueva cultura de prevención, atención y respuesta ante potenciales casos de pederastia en la Iglesia católica aseguró forma bajo las “Líneas Guía del Procedimiento a Seguir en Casos de Abuso Sexual de Menores por Parte de Clérigos”.

Los obispos de México publicaron este 11 de junio extractos del antecitado documento como respuesta a las peticiones del papa Francisco de “cero tolerancia a la cultura de abuso y al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse” en el seno de la Iglesia. Esto, en el marco de la aceptación de tres renuncias del medio centenar que los obispos chilenos presentaron al pontífice tras reconocer que el problema les superaba y con las que reconocieron necesitar asistencia y dirección desde el Vaticano.

En México, los pastores de la grey católica aceptan que el abuso sexual infantil dejó “gravísimas consecuencias” para las instituciones religiosas del país y, por ello, comunicaron que en noviembre del 2016 se aprobaron las “Líneas Guía” frente al abuso sexual de menores, que los obispos acogieron las disposiciones del papa Francisco a través del cardenal O’Malley, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y que se elaboró un “Protocolo de Protección de Menores” aprobado en 2017.

No son ni el primer protocolo ni las primeras líneas de acción contra la pederastia que elaboran los obispos mexicanos; tras las acusaciones contra el entonces arzobispo de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, la Arquidiócesis de México publicó en 2010 unas orientaciones generales para que tanto los obispos auxiliares, superiores de congregaciones y sacerdotes en general tuvieran conocimiento sobre las disposiciones legales y las responsabilidades civiles y penales que los clérigos asumían frente a estos crímenes. Y a nivel nacional, en 2012, tras la instrucción del papa Benedicto XVI a los obispos mexicanos a elaborar unas guías de prevención y combate al abuso sexual, el obispo de Tula, Pedro Juárez Meléndez, fue el responsable de liderar el proyecto.

Pasaron cuatro años más para que finalmente se tuvieran íntegras las “Líneas Guía”, un documento de 26 páginas dividido en tres secciones generales que abordan desde “el compromiso con la transparencia y el sentido de responsabilidad, la cooperación con las autoridades del Estado, los derechos de la víctima, la asistencia al acusado, la formación de futuros clérigos y los mecanismos del proceso canónico para la investigación e integración de la denuncia.

“Reconocemos que, en el pasado, por diversas circunstancias no se actuó como era debido. Por otra parte, se debe poner atención a los casos de algunas personas que haciéndose pasar por víctimas han inventado un abuso sexual para sacar o intentar obtener un beneficio económico o para manchar y dañar la reputación del clérigo”, explican los obispos.

El documento prohíbe prácticas que hasta hace poco no eran sancionadas por la Iglesia católica como el traslado de clérigos acusados a otras diócesis o de congregaciones religiosas a la vida diocesana; las “Líneas Guías” también recuerdan que es deber de la Iglesia católica el colaborar con las autoridades civiles competentes “proporcionándoles la información recabada en nuestros Tribunales Eclesiásticos, siempre y cuando medie un mandado judicial o del Ministerio Público debidamente fundado y motivado”.

En el tercer apartado del documento se detallan los pasos del “proceso canónico” con el que se reciben las denuncias, se investigan, de dirimen las responsabilidades institucionales, se resguarda la confidencialidad del caso, así como la buena fama, la dignidad y el respeto de todas las personas involucradas.

Las “Líneas Guía” proponen que a los acusados también se les debe asistir: “Deberá someterse a un programa terapéutico inspirado en los modernos protocolos clínicos especialmente elaborados para tratar patologías” y recuerda que, si la denuncia es falsa, el denunciante incurre en entredicho lateae sententiae la cual puede ser sancionada “con una pena justa y obligar a quien a calumniado a dar la satisfacción conveniente”.

“Debemos estar al lado de todos aquellos que han sido heridos y han sufrido. Un día las víctimas de abuso sexual nos mirarán no como a un enemigo sino como a su defensor y amigo. Todavía ese día no ha llegado y, por lo tanto, no somos completamente la Iglesia que debemos ser, un hogar seguro para las niñas, niños y adolescentes”, concluye el histórico documento.