Justicia y paz

Páramos de inseguridad

police-869216_960_720.jpg

No hay empresa legal cuyo crecimiento sea realmente nocivo para México; pero cuando existe una explosión desmedida de ciertos negocios es evidencia de que existen graves fallas en el desarrollo del país en tres particulares áreas de la Nación: la educación, la salud y la seguridad. En México, si estos tres rubros crecen sin control en la iniciativa privada, significa que hay problemas más graves que su regulación.

Es el particular caso de la seguridad pública. Sabemos que la violencia y el crimen en México son un problema que no sorprende a nadie. Desde hace ya más de una década sumamos entre 60 y 80 homicidios dolosos diarios; en los mejores momentos registramos 53 y en los peores hemos llegado a 117 pero nos mantenemos en esos márgenes.

Esto nos ha colocado entre las posiciones 138 y 144 de las 163 naciones que revisa el Gobal Pax Index bajo una compleja metodología de bienestar, seguridad y procuración de justicia. Por su puesto, habitamos el vecindario oscuro e impune del ranking mundial,

Para los expertos en seguridad pública hay recomendaciones muy claras para los países en esas circunstancias. No sólo es inversión en armamento o en estructuras operativas; la sugerencia central pasa principalmente por fortalecer las responsabilidades de la participación ciudadana en y para la seguridad pública. Es decir, mientras la ciudadanía no esté involucrada en la seguridad con una cercana y permanente vigilancia, francamente no podrá haber una mejoría en los cuerpos de seguridad ni en la pacificación de la sociedad.

Las responsabilidades ciudadanas no sólo deben vigilar y condenar las tendencias a la corrupción que pueda haber al interior de las corporaciones policiacas sino dar seguimiento y tener conocimiento de las normativas, los alcances, abusos o limitaciones de dichas instituciones.

A todas luces, esa responsabilidad cívica ha sido una quimera en México. La sociedad se ha rendido y ha preferido contratar seguridad privada antes que confiar en la seguridad pública. En 1983 existía solamente una empresa de seguridad en el país y hoy hay más de 7 mil 500; más de la mitad no están en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad y apenas el tres por ciento tienen certificaciones o evaluaciones profesionales sobre sus elementos de seguridad privada.

Hoy podemos voltear a casi cualquier espacio industrial, empresarial, de oficinas e incluso zonas habitacionales en el país y veremos a cuerpos de seguridad privada en también muy desconocidas circunstancias laborales. Es decir, incluso en los cuerpos privados de seguridad (aunque algunos de estos servicios tienen más elementos, más herramientas y más recursos que no pocos cuerpos policiacos municipales) también fallamos en conocer las verdaderas normativas, los alcances, abusos o limitaciones de estos negocios.

Y esto lleva a una reflexión final: En el primer día de trabajo del gobierno federal este 2019 se divulgó un video promocional que invita a los jóvenes mexicanos a enlistarse en la Guardia Nacional. Aún no hay ninguna normativa ni marcos legales de dicha agrupación pero es un hecho que no pocos jóvenes verán en ella una oportunidad para salir del tedio de no tener oportunidades de estudio o de trabajo.

Tener nuevos o diferentes cuerpos de seguridad en México jamás ha sido el problema, hay suficiente necesidad para integrar los más alucinantes proyectos de fuerza pública. El dilema constante es conocer los marcos legales y normativos, de operación y responsabilidades, de derechos humanos y de límites a las responsabilidades cívicas para vigilar el correcto funcionamiento de los mismos.

De esto se debería discutir en las próximas semanas. ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil en la vigilancia de los cuerpos policiacos y de la seguridad ciudadana? Especialmente en la constitución de la Guardia Nacional del presidente López Obrador. Porque si la ciudadanía no tiene acceso, ni voz para vigilar y construir mejores instituciones públicas en el país, continuaremos en estos páramos de inseguridad e incertidumbre, detrás de lo que nuestro bolsillo pueda pagar para protegernos, inquietos porque también habremos de dudar del profesionalismo o de las lealtades de nuestro servicio privado.

@monroyfelipe

Anuncios

El noble valor de la crítica

criticism-3083100_960_720.jpg

Hay un propósito -relativamente sencillo- que muy probablemente pocos incorporaron en sus rituales de noche vieja: el propósito de ser serenamente crítico con lo que ve, escucha o cree saber para el año que comienza.

La crítica no sólo será un privilegio de la inteligencia y la razón humanas, será un gesto de valentía, de coraje y de justa indignación; y tendrá un gran valor en el año. No sólo porque las comunicaciones populares están ya saturadas de falsedad y engaños; sino porque los espacios de convivencia humana comenzarán a parecer guetos de ficticia libertad donde las más alucinantes certezas son la droga o vacuna que mantiene en la pureza a legiones de radicales. Y todo, alimentado por los intereses de privilegios.

De inmediato nos viene a la mente, por ejemplo, la prolongada insistencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la construcción del muro fronterizo al punto de ‘cerrar’ el gobierno del país más poderoso del mundo para presionar a su congreso por dinero. Por supuesto, un muro es la representación más simple de la división, la separación y la protección, de encierro y de frontera; de miedo, sí, pero también de apropiación y de control; sin embargo, también hay otras acciones que representan los mismos problemas de aislamiento y necedad.

Son las acciones tiránicas o absolutistas, las certezas invulnerables e irrenunciables, la autoritaria superioridad, el rechazo a la crítica, el chovinismo patológico y, la más perniciosa, la simplificación polarizante. Todas estas actitudes, invariablemente, tienen dos caras y el engaño nos insiste en que una de ellas es la única correcta, la única pura o la única útil.

El engaño, pues, tendrá una privilegiada posición entre las irracionales búsquedas de hits o ‘likes’ en las redes sociales; entre la infinita desconfianza de las fuerzas políticas y fermentará entre la ignominia de los fanáticos, los aplaudidores a ultranza o los negadores sistemáticos.

Piense en el tema que usted quiera y encontrará radicales que se empeñen en hacernos ver que los problemas sólo tienen dos posiciones: ser aliados absolutos o enemigos irreconciliables. Allí tiene usted el origen de la mentira, del error o la falsedad.

Apuntó el genial Nicolás de Condorcet hace 300 años que “los errores, cuando nacen, no infectan más que a un pequeño número de hombres, pero, con el tiempo, el número de imbéciles aumenta” y explica: “Entre el momento en que esos errores alarman a los partidarios de los errores anteriores y el momento en que estos últimos desaparecen, en cada nación se forman dos partidos, y si es verdad que no siempre esos dos partidos dan lugar a una guerra, provocan continuas revueltas y acaban con la opresión de uno de ellos por el otro”.

¿Qué falsedades cree usted que unos u otros partidarios le han sabido vender? ¿Cuáles errores ha adoptado y defendido sistemáticamente? ¿En qué lugar se visualiza a usted mismo cuando piensa que está siendo crítico: desde alguno de los lados del muro o por encima de éste?

El ejercicio de la crítica será mucho más importante en los meses por venir que ser abierta oposición o formal adversario. La radicalidad sólo profundizará la hendidura del error. El propio Condorcet vaticina con tristeza que sin la crítica serena se abre la puerta a un riesgo enorme porque “es imposible que, quien establece errores que él mismo considera inocentes, prevea cuántas extravagancias funestas y monstruosas saldrán a la luz en el futuro a partir de la semilla fatal que sembró”.

@monroyfelipe

Cuando los poderes se enfrentan en una República

1245_encuentro-entre-lopez-obrador-y-ministros_620x350.jpg

En los relatos de las guerras púnicas, Tito Livio expone el diferendo que los jueces de Cártago tuvieron con el estratega militar y jefe magistrado electo Aníbal hace 2 mil 200 años. El historiador refiere que el general acusó públicamente a los jueces “cuya demasiada soberbia y riquezas eran tan desordenadas que, por causa de ellas menospreciaban las mismas leyes”.

Las palabras de Tito Livio son casi poéticas: “Luego consideró Aníbal que eran muy gratas en los oídos de todos estas palabras y que, con callados pensamientos y ánimos, favorecía todo el pueblo a esta acusación que era justa y verdadera. Y, que los que eran en la República de la más baja condición, eran por extremo agraviados por la soberbia de estos jueces”.

Con el respaldo popular, el general Aníbal promovió dos decisiones que afectaron a los jueces de la época. La primera, que los jueces no podían permanecer a perpetuidad en sus cargos como se estilaba; y, segundo, que las deudas se pagarían del control de la renta pública porque hasta el momento “las rentas públicas que [los jueces y aristócratas] consumían y destruían sin provecho ninguno, parte por la negligencia y parte por los robos y rapiñas, los aplicaban a sí mismos como si fueran bienes particulares”.

“Pronunció en la congregación de todo el pueblo que, con los dineros que restaban y sin demandar nada de los particulares, la República era harto rica para pagar… Entonces, aquellos que habían sido sustentados muchos años con el robo de las rentas públicas, así como si les hubieran quitados sus propios bienes y no sacado de sus manos por fuerza el robo público, concibieron grave odio contra Aníbal y procuraban de provocar la indignación de los Romanos contra él, y buscando causas de odio los instigaban a que le tuviesen por nuevo enemigo”.

En este 2018, pleno siglo XXI, el diferendo que mantiene en tensión al presidente de la República con jueces, magistrados y ministros del poder judicial no es muy diferente del que tuvo Aníbal con el senado y los jueces cartagineses. Aníbal aprovechó su poderío y popularidad para evidenciar que la administración de la República no sólo era corrupta sino injusta; y sus decisiones en efecto lograron recaudar fondos para saldar las deudas del gobierno sin afectar a “los de más baja condición”; aunque sí afectó a muchos intereses.

En el fondo, lo que no podemos permitirnos en el México de la cuarta transformación sería olvidar la independencia y autonomía de los poderes de la federación. Es un principio republicano imperioso para la democracia y el bien general; y por ello debe explicarse con claridad para que se arraigue en la convicción popular.

Pero hay que reconocer que, por desgracia, el poder judicial en México representa a las instituciones más lejanas, desconocidas y opacas al conocimiento popular. No hay cómo defenderlas cuando se les conoce más por su “politización de la justicia” o la “judicialización de la política” que por el servicio institucional de la justicia; cuando la petición de transparencia del uso de recursos parece que no los alcanza de la misma manera que se exige al ejecutivo o al legislativo; cuando el nepotismo y el influyentismo han logrado construir imperios y linajes judiciales en las altas esferas del poder; cuando las interpretaciones de la ley ante las controversias que deben resolver parecen inclinarse más por intereses personales o ideológicos que por el bien máximo de la sociedad.

En conclusión, magistrados y ministros que defienden -con razón- la autonomía del poder judicial para evitar caer en absolutismo del poder presidencial; están obligados a lograr que el pueblo raso comprenda el valor de la justicia, la honestidad y hasta el sacrificio del servicio público que dan en bien de la nación. Es un camino que exige señales muy claras de transformación profunda del poder judicial: sin corrupción, sin politización de la justicia, sin privilegios y sin falsas vanaglorias. De lo contrario nadie creerá los argumentos que no estén soportados en lo evidente.

Por supuesto, hay otro camino, los jueces de Cártago, por ejemplo, conspiraron con Roma contra Aníbal y lograron el autoexilio del general. Esto representó el principio del fin de Cártago como potencia en la región, se sometió a las condiciones, al desprecio y al hostigamiento del imperio romano. El relato de esta ilustre sociedad termina así: “La ciudad fue arrasada y su población exterminada, los pocos sobrevivientes fueron vendidos como esclavos”.

Es un complejo escenario para el país, máxime porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe incorporar a un nuevo ministro de la terna enviada por López Obrador y también debe elegir un nuevo presidente apenas iniciando enero. El diferendo de lectura política y legal entre el poder ejecutivo y el poder judicial en México no es cosa menor, hay muchos intereses en juego y grupos de poder que esperan que esta confrontación debilite a las instituciones y los poderes de la federación. Roma se frotó las manos al ver que Cártago perdía unidad, ¿quiénes estarán en la misma posición mientras miran a nuestro estado mexicano?

@monroyfelipe

Pienso muy lejos la nota roja

Ecatepec.jpg

Les llamamos monstruos, no por su aspecto físico, sino porque al parecer se ha desdibujado en ellos todo trazo de humanidad: empatía, emoción, otredad, compasión y el sentido filosófico del mundo. Y, sin embargo, los asesinos seriales en México son siempre una historia compartida. A diferencia de los criminales solitarios de los países de primer mundo, venidos de quién sabe dónde, motivados por extraños pensamientos internos; nuestros monstruos son muy nuestros, criados en el mismo contexto que compartimos, alimentados por los mismos ambientes donde todos transitamos, su humor es nuestro humor, el borde de su desequilibrio se encuentra escalofriantemente cercano al nuestro.

El caso de Juan Carlos Hernández Bejar, bautizado como ‘El Monstruo de Ecatepec’, nos vuelve a colocar frente a ese abismo. En sentido frío, se trata de un multi homicida que revela sin escrúpulos los crímenes cometidos contra un número indefinido de mujeres y que incluso, envalentonado, amenaza a las autoridades de cometer muchos más feminicidios si tuviera la oportunidad.

Pero no podemos dejar de implicarnos en la historia: el asesino emerge en el municipio más peligroso de México, en la localidad con más feminicidios registrados. Es, sin embargo, el ambiente con más parámetros de coincidencia con las mejores zonas urbanizadas del país: alfabetización, media de edad, dependencia económica, promedio de hijos, disponibilidad de servicios y acceso a tecnologías. La diferencia: extrema densidad habitacional y de transporte; prácticamente se vive por encima o por debajo de alguien, pisando o siendo pisado, observando con desconfianza y siendo observado, arrebatando la oportunidad o dejando que alguien más se salga con la suya.

Por ello parece que vivimos una dolorosa correspondencia cultural con el monstruo. Se desarrolló en el espacio propicio donde se camufló entre tantos otros que pasan aún hoy inadvertidos y, si volviera, se asimilaría nuevamente en el océano indeterminado de la megalópolis. Quizá usted mismo, al estar leyendo estas líneas, llegue a sentir el impulso de voltear a ver a los transeúntes con los que se cruza todos los días, les pondrá la mirada que desea escudriñar el perverso interior sólo para darse cuenta de que ellos ya le vigilaban dos cuadras más atrás.

La historia del Monstruo de Ecatepec no sólo es terrorífica por el sujeto, sino por los espacios donde otros dementes semejantes continúan viviendo sin levantar demasiadas sospechas y comienzo a penar muy lejos la nota roja de este criminal Juan Carlos. En el pasado, los periodistas de nota policiaca daban un seguimiento inmisericorde a historias como esta: Sus motivaciones criminales, las declaraciones ante los peritos, las estratagemas legales de los fiscales, los marcos del derecho que no alcanzan a cubrir la monstruosidad de los actos, las opiniones expertas de los psiquiatras, la recreación de los primeros hechos comprobables, las entrevistas con las familias de las víctimas.

Pero nuestros diarios, nuestra prensa cotidiana no tuvo oportunidad de centrarse en esta tarea porque volvió a reportar otros asesinatos de mujeres en el mismo lugar, aunque debían aclarar “no están vinculados al Monstruo de Ecatepec”; y, quince días más tarde: la decisión de enviar al ejército mexicano y la policía federal al municipio para evitar más feminicidios. Una idea aparentemente positiva, aunque con fallas estructurales.

Un gran volumen de policías federales ya vive en esas periferias urbanas (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán) padecen el hacinamiento, la misma falta de oportunidades, la misma tensa violencia y agresión, el mismo miedo que sus vecinos. Lo revela así la Encuesta Nacional de Seguridad Pública: El 33.2% de la gente de esta localidad cree que la delincuencia seguirá igual de mal y el 25.1% piensa que empeorará el año entrante. El 64.6% de los encuestados dijo haber presenciado robos o asaltos; el 53.4% vandalismo en las viviendas o negocios, el 44.5% presenció venta o consumo de drogas, el 41% disparos frecuentes con armas y el 37.1% vio bandas violentas o pandillerismo.

Les llamamos monstruos, pero no por cómo lucen, sino porque al parecer se ha desdibujado en ellos todo trazo de humanidad. Así que no basta mirar al espejo, es preciso mirar más profundamente, preguntarnos qué alimenta a esta sociedad de odio al prójimo (y especialmente odio a las mujeres) que dejó 301 feminicidios en el Estado de México en 2017 y que lleva 168 casos en lo que va del 2018.

El Ministerio Público de Ecatepec, involuntariamente nos dio una pista cuando se filtró un video de esta instancia procuradora de justicia donde tres empleados someten a uno de sus compañeros, le bajan pantalones y ropa interior para nalguearlo mientras lo graban “jugando”. Participar en un acto donde se somete, humilla y vulnera a alguien trasvasa ese borde de desequilibrio; y lo miramos con cierto alivio porque -creemos- no nos parecemos al verdadero monstruo.

@monroyfelipe

Cadáveres no identificados, problema ético más que técnico

yK_ow_yoj_930x525__1

Es simple: El trato que las sociedades dan a las personas fallecidas y sus restos mortales refleja todos los matices en la valoración que damos a la vida propia y a la del prójimo. Por ello no hay otra manera de decirlo, el pésimo manejo que las autoridades han dado a las fosas clandestinas, anfiteatros desbordados y tráileres de cadáveres tiene implicaciones no sólo en el presente administrativo sino con el futuro antropológico de la misma sociedad mexicana.

Por ello es preocupante la aparente normalización administrativa ante la indiferente acumulación en morgues y anfiteatros de cientos de personas en diferentes zonas del país; y aun peor, inquietan las “soluciones” que algunas autoridades han deslizado. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, por ejemplo, anunció la construcción de una cámara frigorífica más grande para que quepan los cadáveres que hoy reposan en la caja de un tráiler. O en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo puso en marcha el Plan Guerrero 751 (el número corresponde a los cadáveres no identificados acumulados en los Servicios Médicos Forenses del estado) para recolectar datos genéticos de cada cuerpo antes de ser enviados al llamado “Panteón forense”; el proyecto ha sido criticado porque la administración estatal instauró la fosa en los terrenos privados de un correligionario político del gobernador y porque, detrás de la adquisición de equipo y material de resguardo de datos genéticos, habría un interés económico más que humanitario.

Por más secularizada en la inmanencia filosófica, la sociedad mexicana sigue escandalizándose ante el drama del mal tratamiento de los restos humanos. Pongo un ejemplo: Ante la progresiva moda de esparcir las cenizas de un ser querido al viento o el mar, de dividir entre los familiares el contenido de las urnas mortuorias o crear un diamante con 600 de los 1200 gramos de cenizas humanas producto de la cremación (el deshumanizado y escabroso dato exacto lo da el director de una famosa funeraria mexicana), en 2016, el Vaticano publicó una breve instrucción pontificia sobre el trato correcto de los muertos y sus cenizas, y el mundo se volvió loco. Aseguraron que el catolicismo ‘exageraba’, que sus planteamientos eran anacrónicos para el contexto moderno.

Sin embargo, el tiempo (y las dramáticas expresiones del fenómeno) ha terminado por darles la razón: nos preocupa el correcto tratamiento a las personas fallecidas y a sus restos mortales; nos preguntamos qué tanto impacta en la psique de los deudos el conocer no sólo el destino de su ser querido sino cómo fueron tratados sus restos por las autoridades sanitarias y periciales; nos conmueve el sentimiento de aquella persona que se llena lo mismo de esperanza como de terror al saber que uno de esos cadáveres apilados en tráileres u oficinas forenses podría ser quien el familiar desaparecido que busca.

Por supuesto, hay protocolos de actuación cuando el volumen de cadáveres supera el trabajo de las instituciones -por ejemplo, tras los desastres naturales que dejan cientos de miles de muertes-; y en varios puntos de esos protocolos se insiste en no deshumanizar los restos mortales y proveer todos los medios posibles para que los familiares puedan identificar a su ser querido. Incluso, para que la misma sociedad e instituciones, tengan registro claro de las víctimas.

Los gestos y los rituales alrededor del tratamiento a las personas fallecidas tienen un significado profundo y revelan el grado de respeto que se le da a la vida humana misma. La sociedad mexicana aún guarda varios grados de escrúpulo ante la muerte y, por tanto, de la vida; aún no se ha caído del todo en el cinismo amoral, de lo contrario no nos provocarían tanta repulsión algunos procedimientos de disposición de restos mortales humanos que se popularizan en otras latitudes: Canadá tiene un proceso de hidrólisis alcalina que disuelve un cuerpo en cuatro horas para ser desechado en el desagüe, en Estados Unidos se mezclan las cenizas con fuegos de artificio, en Reino Unido se hacen discos de vinilo, en Italia se hacen cápsulas ecológica cuya degradación alimenta el retoño de un árbol o en los Himalayas se dispone el cuerpo al aire libre para carroña de las aves.

Es claro que la naturaleza y sus leyes desafían las susceptibilidades de las culturas humanas, la muerte biológica es absoluta y rápida pero la muerte social es mucho más compleja: ¿Cuándo deja de doler la pérdida de un ser amado? ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse la memoria de nuestros muertos o nuestros ausentes? ¿Cómo se burocratiza la angustia de buscar a un desaparecido? ¿Cuántos trámites hay que concluir para olvidar un recuerdo?

Queda claro que las respuestas meramente técnicas y administrativas no atienden el drama profundo que trastoca la conciencia humana sobre el tratamiento y disposición de las personas muertas a toda la sociedad mexicana. Comprender que el problema de los cadáveres sin paz en México no es sólo técnico sino ético, moral, cultural y antropológico es parte de la ruta de la respuesta. Ya lo dijo Lord Byron: “La adversidad es el primer camino hacia la verdad”.

@monroyfelipe

No se confundan, la agenda es sólo una

amlo.jpg_1834093470

Buena parte de la privilegiada comentocracia afirma que el principal factor de incertidumbre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será la poca disciplina de los miembros de su equipo al opinar, sugerir y promover temas, agendas o proyectos que entran en discordancia con las del próximo presidente. Aún peor, no pueden creer que el mandatario dé más confianza a la opinión popular que a la opinión publicada o erudita.

Inquieta no ver la estricta verticalidad ni la alineación oprobiosa de los pensamientos de los operadores políticos a aquellos definidos, no digamos por el presidente sino por los expertos gurúes de la comunicación y estrategias del poder.

Es claro que la cadena de mando es imprescindible en el ejercicio de la administración nacional; sin embargo, resulta evidente que López Obrador –hasta el momento- parece dejar “muy suelto” a su equipo de trabajo. En ocasiones, sus secretarios y miembros de la transición opinan, reaccionan y dialogan con amplia libertad, incluso anteponiendo opiniones personales a los márgenes del proyecto nacional del presidente. Por eso es inevitable que esto provoque dudas sobre la unidad en el estilo, lenguaje, conceptos, búsquedas y oportunidades de los miembros del equipo presidencial.

Es por ello que algunos sectores (como el empresariado mexicano, las asociaciones religiosas y diversos sectores educativos) han sido muy claros con el presidente electo: ¿Cuál es la verdadera agenda que esperamos? ¿Es la planteada por sus secretarios, la que impulsan los grupos mayoritarios de la sociedad civil o la que usted ha prometido en campaña? Así, los empresarios y megaconcesionarios de proyectos de infraestructura han sido tajantes en su cuestionamiento: ¿En verdad vamos a esperar a que una consulta popular defina las inversiones más importantes del país? Los obispos y líderes religiosos han hecho lo propio: ¿En verdad estos temas antropológicos serán consultados libremente o ya hay compromisos para adoptar agendas polarizantes? Y, finalmente, el sector educativo: ¿Qué podemos esperar: adecuación, derogación o cancelación a la reforma laboral-educativa?

Sin embargo, el abanico no es tan amplio como parece: hay una agenda y un estilo.

Se sabe que, por lo menos a los obispos católicos de México –durante su visita a Monterrey-, el presidente electo les ha manifestado una certeza: la agenda es una, no importa lo que en lo personal opine ni la próxima secretaria de gobernación, ni los intereses que existan entorno a temas de las fronteras de la bioética social. Además, les adelantó que para la designación del próximo titular de la Dirección de Asociaciones Religiosas (ahora bajo la subsecretaría de Participación Ciudadana de Diana Álvarez Maury) no hay compromiso político con el Partido Encuentro Social para que un evangélico presida la oficina. Los obispos aseguran no buscar favoritismo sino neutralidad en esa oficina que es el puente natural entre las diversas asociaciones religiosas y el gobierno federal.

No obstante, con el resto de los sectores, Andrés Manuel ha sido más ambiguo. Quizá porque aquellos temas son más delicados y le interesa ver quienes al final muestran los dientes en el engranaje de lo que llamó ‘la mafia del poder’. Por ello, el presidente electo insiste: hay sólo una agenda, la suya; y un estilo: perdón pero no olvido. Y en esa agenda –a veces demasiado abierta a la opinión popular-, Andrés Manuel no olvidará a quienes operaron en contra suya; los perdonará, sí, pero no van a dejar de estar en el rabillo de su mirada.

@monroyfelipe

Habemus líder ¿ya no tenemos problemas?

concierto-mexico-por-damnificados.jpg

Los brillos del poder enceguecen a cualquiera. Incluso a aquellos cuyos principios éticos o morales les ponen los pies en la tierra. En la ruta de la gobernabilidad suele emerger el espejismo de confundir la meta con el camino. Y esto genera muchos problemas a los líderes que, mirando el final del horizonte, ignoran la senda por donde caminan.
Sí, es importante contemplar el destino y la meta; pero es el camino el verdadero triunfo de los gobernantes. Parafraseando al pastor Graham: “No hay problema si uno posee ambiciones; el problema es cuando las ambiciones poseen nuestras vidas”. Los cambios que se abren paso en los diferentes perfiles de la vida social en México pueden tener en el horizonte las metas más nobles de todas: acabar con la corrupción, la impunidad y el crimen; pero las metas no son el camino y, aunque parezca una obviedad, el inicio no determina el final de la ruta, cada empresa debe enfrentarse a una senda inexplorada. Pero ¿vale cualquier camino? ¿Antecede el fin a los medios? ¿Por qué ruta se puede buscar la meta sin dejar a nadie en la vera del camino, sin pasar por encima de sus derechos, sin dejar de escuchar lo que las voces sencillas descubren a ras del suelo?
En estos días de transición administrativa, algunas organizaciones internacionales y acuciadas asociaciones particulares se aprestan a presionar a las próximas instituciones públicas en México de asumir ciertas agendas con las que nadie en sus cinco sentidos puede discrepar: el combate a la corrupción, la erradicación de la impunidad y la disminución del crimen en México. Pero, aunque haya coincidencias en los objetivos ulteriores, son sus medios inconfesables los que deben preocuparnos: la renuncia voluntaria de la soberanía nacional, la sujeción de la constitución política y sus leyes a caprichos de ‘especialistas’ impuestos desde el extranjero, la erradicación de la discrepancia o el relativismo legal que pone bajo permanente sospecha al ‘Estado de derecho’.
En estos escenarios crece el riesgo de que los liderazgos cedan ante los obsesivos espejismos que muestran estos grupos de poder: muestran el tesoro al final del arcoíris, la eficiencia de la panacea, pero no los efectos secundarios ni los sacrificios que se toman para llegar a la prometida olla de oro.
Hay un relato popular originario del Llano Grande, Jalisco, que cuenta la historia de un hombre que encontró una cueva llena de bellos tesoros; tomó cuantos pudo y quiso salir, pero una voz lo detenía al tiempo de cerrar el lugar. “¡O todo o nada!” repetía la voz que cerraba la cueva si el hombre no cargaba con todos los tesoros. Viéndose en el predicamento, el sujeto decidió ir por un par de borricos y ayuda de sus amigos al pueblo. Salió de la cueva, dejó su sombrero atado al árbol que marcaba la vera de la cueva y emprendió camino a su casa. Allá encontró la ayuda, preparó los jumentos y quiso regresar a la dichosa cueva a la que jamás volvió a encontrar. Nunca encontró el camino: perdió el tesoro y, por supuesto, su sombrero.
El relato deja en claro que la ambición puede hacernos olvidar lo importante que es el camino. Ni las reformas, ni los nuevos modelos de operación, ni la transformación de las instituciones pueden ser la meta en sí mismos. Se deben contemplar los medios, el camino, la ruta y la actitud con los que se emprende misión hacia la meta. A los dirigentes les hace falta preguntarse con serenidad ¿con quién se emprende ese trayecto? ¿Qué voces hay que escuchar debajo de los fulgores del poder? ¿Cuántas veces habrá que recular en el camino, reconocer los errores, bajar la velocidad humildemente para sentir la senda por donde se marcha?
En la tradición católica, la expresión ‘Habemus papam’ es utilizada cuando se informa que un nuevo papa ha sido elegido; y para no pocos, el personaje electo determina la meta de una iglesia bimilenaria, como diciendo: tenemos el líder, gozamos del tesoro. Pero el horizonte siempre se abre a un horizonte nuevo y, en esa confianza de la historia, el camino es el verdadero bien asequible y el mejor legado que se puede dejar.
@monroyfelipe

Megamanifestaciones: Signo contradictorio en la dictadura postmoderna

unam.JPGLos miles de estudiantes universitarios que marcharon en el corazón de la Ciudad Universitaria para manifestar su malestar ante diversos eventos acontecidos en diferentes planteles de la Máxima Casa de Estudios y principalmente para repudiar la agresión que sufrieron alumnos por parte de grupos de choque son un signo de contradicción ante la dictadura del relativismo posmoderno. Frente a la comodidad y autocomplacencia de la participación remota y aséptica (vía tuitazos), la identidad de la colectividad universitaria mostró el efecto de la acción puesta en común, personal, arriesgada.

Es el mejor ejemplo de lo que puede lograr un colectivo que está dispuesto a la herida y al accidente por asumir una posición en los espacios sociales, por poner en manifiesto su sentimiento, por expresar su lenguaje y su ardor en los escenarios de la cotidianidad. El otro camino es el encierro que enferma, que expresa su malestar desde la distancia, desde las herramientas de comunicación. Es el encierro que padecen las instituciones que creen posicionar sus ideas a fuerza de boletines y comunicados. Su excesiva cautela y su privilegiada indiferencia apolilla sus mensajes.

Las megamanifestaciones en el siglo XXI son un signo filosófico y antropológico contradictorio; la colectividad pudo hacer lo mismo y expresar las mismas demandas desde sus espacios privados dominados y controlados, sin arriesgar (en redes sociales, por ejemplo). Pero, por alguna razón -de manera aún desconocida- la colectividad eligió un lenguaje propio de la modernidad: el deseo colectivo de superar prejuicios, la noción de la identidad compartida y la distinción entre el prejuicio obtenido y el progreso por obtener. Algunos autores señalan que el postmodernismo es justo la convicción de que cada lenguaje es sólo una forma más (de entre muchas) en el comportamiento social; entonces ¿por qué optar por la manifestación moderna? ¿Qué disparadores emocionales o culturales fueron accionados para sustituir -al menos por un momento- el lenguaje de cosmovisión individual por el lenguaje con perspectiva de objetividad y universalidad?

Lo acontecido el 5 de septiembre entorno a la protesta de los universitarios tiene tintes de interés histórico, es el ejemplo de que esta generación cuyo ejercicio de libertad y de disidencia se realiza con mucha eficacia desde las redes sociales decidió usar un lenguaje y un ardor distinto: apersonarse, arriesgarse, solidarizarse en un acto común, en un lugar y un ánimo compartido. El sólo hecho de reconocer y reconocerse fuera del subjetivismo o el egoísmo individualista para entrar en contacto con el otro, con la dolorosa realidad compartida es un quiebre en el paradigma y la perspectiva tecnológicos.

La pantalla no suplanta la realidad y el masivo trending topic no sustituye la irremplazable acción personal. Se ha teorizado sobre el cuerpo individual y el cuerpo colectivo, al parecer hay un remplazo de este en los marcos del cambio de milenio. El posmodernismo intenta ir más allá de la existencia y la conciencia; y en el proceso algunos afirman que ha perdido todo idealismo. Pero quizá esto último no sea tan certero. Ojalá estén equivocados porque aún hay muchos ideales por los cuales vale la pena salir a construir.

@monroyfelipe

Los indelebles casos de corrupción

231116b400780c3

Con su singular talento, Bertolt Brecht dijo alguna vez que “hay muchos jueces que son incorruptibles porque nadie puede inducirlos a hacer justicia”; y esa amarga ironía es lo que sienten hoy muchos mexicanos al intentar comprender las razones detrás de las decisiones de los jueces o de las autoridades encargadas de investigar e implementar la justicia en el país.

Para variar, la explicación más sencilla -la que más deja satisfecho el prurito inquisidor que todos llevamos dentro- es que el ejercicio de la ley y la justicia están supeditados a los intereses políticos y económicos. Nadie en sus cabales tiene ganas ni tiempo de convertirse en un perito judicial o experto abogado (o ingeniero civil, ya que estamos en esas) sólo para convencer a sus vecinos sobre la noticia del día.

Y es que, aunque se expliquen con peras y manzanas sus resoluciones, nadie estaría dispuesto a meter las manos al fuego por la honorabilidad, profesionalismo e imparcialidad de aquellos jueces o instituciones que abrieron la puerta a extrañas decisiones como la liberación de Elba Esther Gordillo, la reclasificación de los delitos a Javier Duarte, el sometimiento del sistema penitenciario a los caprichos del capo criminal “Betito”, el caso del juez de amparo que decidió prestar sus servicios profesionales al exgobernador César Duarte, la resolución de ese otro juez de no vinculación a proceso contra otro exgobernador (Rogelio Medina) quien comenzó siendo acusado por desvío de 3 mil millones de pesos y ahora sólo le resta comprobar unos tickets de gasolina.

Con esos ejemplos resulta muy difícil confiar en el sistema judicial y la procuración de justicia en el país. No es sorpresa para nadie, pero los datos son más elocuentes: Según el reporte “Perspectivas económicas 2018. Repensando las instituciones para el desarrollo” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), sólo el 32% de los mexicanos manifestó tener confianza en el sistema judicial y los tribunales del país; y el 85% de la población considera que la corrupción es el principal factor para no confiar en las instituciones.

¿Y el remedio para que vuelva la confianza? Fácil: o se hace verdadera justicia en los tribunales o por lo menos se debe generar la sensación de que se ha hecho justicia. La sociedad merece tener certeza de que puede beber del vino de la justicia sin sospechar veneno alguno, pero ya lo dijo el poeta romano Horacio: “Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”.

Es un hecho que siempre es un encanto tomar de donde hay mucho; y si hay mucha confusión en el sistema judicial mexicano, también habrá placer en los jueces y litigantes en optar por el caos que por la escasa -muy escasa- claridad. Al respecto, me viene en mente la enigmática novela El indeleble caso de Borelli del intelectual y divulgador de cultura universal, Ernesto de la Peña. La historia comienza con el juicio que se hace al asistente y cómplice de un personaje monstruoso y criminal (condenado previamente a la guillotina). En la aprehensión del cómplice y durante la ejecución de quien fuera su superior, la gente sabía que aquel era culpable; pero tras los alegatos de su abogado, “tras la línea siempre infalible de sus razonamientos, las patéticas señales de su contrición y el ardor con que pidió que se le castigara su culpable debilidad” no sólo el cómplice logró la exculpación de los delitos fincados (y una liberación preventiva con arraigo domiciliario) sino la adhesión de buena parte del pueblo y la atención obsesiva de los reporteros. Pero el pueblo jamás esperó a que el proceso concluyera, perdió la paciencia, “se olvidó de él y se ocupó de otros temas; y el caso quedaba cerrado definitivamente para el vulgo”, aunque no para la justicia. En realidad, el problema de fondo del sistema judicial es la abundancia, de casos, confusión, impericia e ignorancia; es entonces cuando la gente corre el riesgo de olvidarlos y hasta de exculparlos, aunque el signo de la impunidad permanezca indeleble; incorruptible, diría Brecht.

@monroyfelipe

Abuso en la Iglesia: Lo que Pensilvania reveló

juryw

La publicación del extenso informe sobre los más de mil casos de abuso sexual contra menores acontecidos en seis diócesis de la Provincia Eclesiástica de Filadelfia no deja lugar a la indiferencia. La terrible indignación, vergüenza y dolor que deja en la Iglesia católica ese conjunto de detallados reportes que evidencian los abusos cometidos por más de 300 ministros y miembros de las comunidades arañan apenas la superficie de una profunda y desgarradora realidad social cuya problemática no ha logrado atenderse del todo.

El informe de mil 356 páginas intitulado 40th Statewide Investigating Grand Jury Report 1 es un gran compendio de informaciones obtenidas de investigaciones sobre casos de abuso sexual contra menores realizadas en seis diócesis del estado de Pensilvania desde los años 40: Allentown, Eire, Greensburg, Harrisburg, Pittsburg y Scranton. En la parte introductoria (de las seis partes en que está constituido el profuso informe) se asegura que “se recabaron decenas de testimonios, los cuales fueron contrastados con millones de páginas de documentos diocesanos; ellos contenían alegaciones creíbles contra trescientos sacerdotes abusadores. Más de mil menores víctimas fueron identificados tan sólo de los propios registros de las iglesias”.

En el proceso de recopilación de información, el Gran Jurado advirtió una especie de “procedimiento” o “manual” con el que las diócesis intentaron resolver las acusaciones contra sus ministros: Primero, usar eufemismos. Nunca decir ‘violar’ sino ‘contacto inapropiado’. Segundo, no realizar pesquisas genuinas sino enviar a otros clérigos cercanos. Tercero, enviar a sacerdotes a ‘evaluaciones’ en centros psiquiátricos administrados por la propia Iglesia. Cuarto, no informar a la grey de las verdaderas razones del cambio del sacerdote. Quinto, aun cuando un sacerdote haya violado a un menor seguir proveyéndolo de alojamiento y medios de vida, recursos que en muchos casos le facilitaron cometer otros crímenes. Sexto, cuando el comportamiento de un ministro se hace del conocimiento de la grey (y se genera el escándalo), transferirlo a una nueva localidad. Y séptimo, no pedir la intervención policial.

jury.jpgEl informe del Gran Jurado es un terrible pero necesario registro del tipo de documentación que suele transitar por las viejas venas de instituciones sumamente grandes, burocratizadas y embozadas de códigos jerárquicos, de control y de poder. Entre las páginas del profuso reporte se encuentran desde el inmenso pantano del historial de los casos (en el que muchos medios de comunicación han deseado regodearse), hasta los “códigos de comportamiento pastoral” que algún obispo instruyó entre su clero, hasta reproducciones de cartas confidenciales en las que queda evidencia de la impericia o el dolo (cada caso es diferente) con el que superiores y obispos atendieron estos crímenes.

Frente a este incontrovertible reporte, las diócesis aludidas (al igual que la Iglesia norteamericana y la Iglesia Universal en voz del propio Papa Francisco) han intentado dar acciones concretas no sólo de vergüenza y arrepentimiento moral sino de cambios radicales de organización y liderazgo para ayudar de veras a las víctimas y para establecer protocolos que eviten estos crímenes en sus organizaciones e instituciones diocesanas. Las diócesis del reporte ya han levantado oficinas y servicios especializados (incluso bilingües) para ayudar a víctimas de abuso sexual; también han autorizado nuevos modelos de cooperación con las autoridades locales. Por supuesto, los obispos, los ministros y la grey católica no esperan recuperar la confianza de la sociedad de inmediato, pero en general -y a pesar de lo que algunos han señalado- confían en que las medidas de “tolerancia cero”, implementadas desde el pontificado de Benedicto XVI son las correctas.

b12ed540-c794-44a1-8145-ae801be5af7e

Los datos obtenidos por el Gran Jurado de Pensilvania revelan que en esas diócesis hubo casos de abuso sexual contra menores aún después de la “tolerancia cero” e incluso ya en el pontificado de Francisco; pero hay un dato esclarecedor también proveniente del informe: En la diócesis de Pittsburgh, los incidentes reportados por década desde los años 40, indican que entre 1960 y 1989 existió un crecimiento exponencial de reportes de abusos (entre 60 y 80 casos por década) pero disminuyen radicalmente a partir de los 90 (15 casos) y a menos de cinco y seis en las primeras décadas del siglo XXI.

Lo acontecido en la Iglesia católica de Pensilvania no es exclusivo de los Estados Unidos, hay muchas latitudes y países que deben reflejarse en ese espejo del informe del Gran Jurado. Hay que reconocer también los esfuerzos a largo plazo que algunas instituciones intentan desarrollar hoy para que solidifiquen y prosperen mañana: Ahí está el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac, el Centro Especializado en el Tratamiento Preventivo y Restaurativo de casos de Abuso y certificación de comunidades seguras (REPARARE). Todas las grandes instituciones cuya masividad, burocracia y códigos jerárquicos de control y de poder suelen acallar las voces de las víctimas y eluden el acto definitivo de la justicia; pero si algún cambio puede propiciar el caso de Pensilvania, sería la rotunda convicción de que aquello no puede ser nunca tolerado.

@monroyfelipe