Enrique Peña Nieto

¿Cómo corrompimos ‘el milagro’ del petróleo mexicano?

naranjo190312Con sus grandes reservas, la expropiación de los ingenios petroleros realizada por Lázaro Cárdenas en 1938 sirvió positivamente para la construcción de las grandes instituciones mexicanas. Quizá de ninguna otra manera México hubiera logrado levantar las principales instituciones sociales del país como los servicios de salud y salubridad o los organismos de educación pública o el fugaz desarrollo agroindustrial. Sin embargo, como es de todos sabido, el mal manejo del petróleo también fue el creador de enormes veneros burocráticos, empresariales y políticos fincados en corrupción y dispendio.
Por ello, los servicios de salud públicos (aunque indispensables para la gran sociedad) hoy se desmoronan por abandono; las instituciones educativas públicas (aunque propiciadoras de equilibrios culturales entre las clases más bajas y las ricas herederas de alcurnias prerrevolucionarias) han sido secuestradas por intereses políticos y económicos; y, el resto del desarrollo agrario e industrial fundado en la renta petrolera persiste en recitar discursos de megalomanía nacional-corporativista aunque sus insumos y productos tengan origen y destino en las economías privadas y extranjeras.
En este 2017 se notifica un serio ajuste en los precios de los combustibles derivados del petróleo, el cual ha provocado un airado malestar popular; sin embargo, el problema no se encuentra en la economía exterior ni en la cualidad nacional o extranjera de la industria petrolera, sino en el terrible vicio que nos ha acompañado como nación a lo largo del siglo XX y lo que va del XX: el corrompido usufructo de la renta petrolera.

El milagro que no fue
A inicios de la década de los 80, la historia sobre la industria petrolera en México tocaba otra tonada. Las circunstancias internacionales y el descubrimiento de nuevos yacimientos de crudo catapultaron a México como un atractivo proveedor de petróleo y, en consecuencia, los ingresos por venta se dispararon por los cielos. El propio presidente, José López Portillo, llegó a declarar: “México ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora con el petróleo tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia”.
La posición económica de México a nivel internacional cobró relevancia como nunca antes. Los Estados Unidos –tanto con Carter como con Reagan- mantuvieron una nerviosa relación con el gobierno mexicano debido al petróleo abundante y barato que se vendió a otros países. En esos años, era común que los mandatarios del sur hicieran antesala en oficinas del gobierno mexicano para solicitar petróleo, maquinaria y créditos para su desarrollo industrial. Hoy es difícil imaginarlo, pero hubo una época en que México y Venezuela se comprometieron a abastecer de petróleo a Costa Rica, Jamaica y Nicaragua sólo por ‘limar asperezas diplomáticas’.

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El imprudente despilfarro y la complicidad con formas más creativas de corrupción e impunidad no sólo terminaron con la brevísima época de bonanza económica, también inauguraron una crisis económica de la cual México no ha podido desprenderse del todo.
Los modelos de economía neoliberal continuados por Miguel de la Madrid y llevados a su máximo esplendor durante el sexenio de Carlos Salinas tampoco lograron conjugar un modelo de inversión económica con procesos de desarrollo a largo plazo. Antes bien, como en el resto de los países asesorados por las instituciones económicas globales, simplemente se estableció un modelo económico cuyos frutos parecen solamente ensanchar la brecha entre ricos y pobres, como demuestran los informes de Oxfam.

¿Dónde estamos hoy?
El siglo XXI no ha dejado atrás las prácticas de corrupción e impunidad en el país; de hecho, no hay administración pública que en realidad pueda comprobar el éxito de prácticas más honestas en el ejercicio del poder. Ni siquiera la transición política en México en el 2000 logró cambiar los vicios de la corrupción, cohecho y pillaje acostumbrados. Quizá por ello no han mostrado su utilidad las radicales reformas del 2013 (fruto del Pacto por México concretado por Enrique Peña Nieto) que abrieron la participación de empresas de capital privado a servicios, rendimiento y producción compartida sobre los activos de Petróleos Mexicanos; reformas que habrían de impulsar al país como insistía el eslogan presidencial.
De allí la paradoja y la incomprensión en la toma de decisiones para el alza de precios en combustibles. México aún conserva su undécima posición entre los países productores de petróleo y Pemex sigue en el 14° lugar del ranking de empresas petroleras; pero el volumen de importación de gasolinas (usamos 62% de gasolina extranjera: del cual, el 81% compramos a Estados Unidos y el 15% a Holanda) hace insostenible el precio bajo del combustible.
Las decisiones sobre el manejo del petróleo y los combustibles son ya lo de menos. El lucro de las grandes oportunidades económicas que aún tiene el país (petróleo, turismo, bono demográfico) ya no participa en el soporte del desarrollo social, comunitario o colectivo como antaño. Y, de hecho, como parte de la ideología económica imperante es ya muy difícil encontrar entre la clase trabajadora un sentido de responsabilidad social con los menos desfavorecidos. Una convicción incluso razonable pues terminarán pagando los bienes indispensables para un estilo de vida apenas regular.

A manera de corolario termino con una expresión escuchada en el desierto, un proverbio beduino que dice: “Un camello, un dinar; un camello, mil dinares”. Quiere explicar que lo que cuesta poco suele despreciarse y que, cuando sube su precio, igual hay que seguir comprándolo porque aún es imprescindible. Nuestros camellos en México son los combustibles derivados del petróleo: se han encarecido y ya sólo pocos podrán rentarlos holgadamente para atravesar el desierto; para el resto, aunque sean prácticamente inasequibles, seguirán siendo indispensables. @monroyfelipe

Publicado en El Observador

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Despertar de un sueño letárgico, ¿hay vida después del pacto?

No puedo dejar de pensar que estamos en 1981 otra vez. La euforia sobre el inmejorable destino de la industria petrolera en México devino en sonrisa congelada por la misma razón que hace 35 años: el dispendio y la poca transparencia en el valor y uso de los activos del crudo nos volvieron a colocar entre la desesperación y la crisis.

Nuevamente, la presunción oficial de que México se encontraba mejor que nunca se desplomó por el mismo lado de nuestra cojera crónica: los veneros del petróleo. A diferencia del pasado, hoy es imposible hablar de abundancia en el recurso y, del mismo modo, el viraje hacia nuevos productos energéticos menos contaminantes tornan anacrónicas las añoranzas de una pujante industria que resuelva nuestro problema inmediato; sin embargo, lo que no ha cambiado ha sido la dependencia económica con los Estados Unidos por la vía de las importaciones y la ineficacia del desarrollo industrial nacional en la producción de combustibles y energéticos.

Para ser justos, hay que reconocer que la economía global –gracias al modelo tecnócrata neoliberal- se ha constituido en una madeja de imbricadas relaciones difíciles de comprender gracias a la exquisita complicación de terminología y argumentos causales muy diferentes a los de antaño. El caso es que la distancia entre las personas con mayor poder adquisitivo y el resto de los sectores no había sido jamás tan amplía ni tan vergonzosa.

Y eso, aunque pueda tener más de una explicación, no puede sino exigir sensibilidad. Más sensibilidad ante la realidad con la que deben lidiar millones de personas. Una realidad de dificultades que no sólo tiene que ver con los esfuerzos personales y la satisfacción de las propias necesidades; sino en la pobreza de una sociedad que, por mucho que labore honestamente, ya no puede participar de la construcción de la equidad, la justicia y la colaboración solidaria de su pueblo o su comunidad.

Por ello, los pactos económicos desde 1987 no han tenido efectos constructivos sino apenas paliativos; y no hay razón para creer que con el Acuerdo convocado por Peña Nieto ante la tribulación y encono social, esto vaya a ser diferente.

En resumidas cuentas, el presente Acuerdo busca vigilar y sancionar los aumentos de precios injustificados, simplificar los modelos de inversión y reducir el endeudamiento público con medidas de austeridad, siempre y cuando las bases sociales no polaricen la legítima protesta popular.

Lo que no se contempla es que el Estado simplemente no cuenta con recursos técnicos ni humanos para vigilar la escalada de precios; los cuales, por otra parte, pueden justificar objetivamente su modificación debido a la alza de combustible.

La vía de la simplificación en los modelos de inversión suena plenamente coherente y es, sin duda, necesaria; sin embargo, puede interpretarse como un grito desesperado ante las amenazas de que los Estados Unidos, con Trump en el timonel, continúen forzando a las empresas norteamericanas a no invertir en México; dejando al país a merced de feroces inversionistas que condicionen su permanencia mediante el chantaje y el abuso.

Finalmente, las medidas de austeridad si no se aplican en áreas de verdadero dispendio (como en el rubro de imagen) guardan el riesgo de ralentizar el mercado interno provocando el crecimiento de los sectores en franca protesta.

Es por ello que el último punto del acuerdo es un pacto de no agresión: promete funcionar mientras no exista violencia o caos en las calles.

De pronto ya no hay más fantasía, despertamos a una realidad que nos negamos a ver hace mucho tiempo. Atrás quedaron los idilios reformistas que quemaron todo el capital político de básicamente todas las fuerzas partidistas; el emperador (los pequeños emperadores) se descubren desnudos de la retórica que les revistió de gloria y majestuosidad. ¿Hay vida después del pacto? Evidentemente. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Hemos soñado que despertamos o despertamos en un sueño que nos negamos a dejar de soñar? @monroyfelipe

Matrimonios igualitarios: la batalla florida

“Es entonces probable que el trofeo que perseguía el guerrero de la ‘batalla florida’ no fuera otro que el de su propia alma”. Laurette Séjourné. Pensamiento y religión en el México Antiguo

 

20ada9e701613571847bd29d4d788a45Todo parece indicar que en los próximos días, las calles serán testigos de un nuevo episodio en la confrontación entre quienes están a favor y quienes están en contra de la propuesta legal que busca homologar los conceptos, la razón, la cultura y los derechos del matrimonio para todo tipo de parejas no heterosexuales.

La iniciativa de ley fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo pasado, exactamente siete días después de que la Federación Internacional de Futbol Asociación le exigiera al gobierno mexicano atender primero los problemas domésticos en materia de derechos humanos antes de presentar su candidatura como sede al Campeonato Mundial de Futbol.

Por supuesto, la FIFA se refería a la crisis de derechos humanos que México ha venido arrastrando por casos de corrupción, abuso de poder y casos específicos donde las autoridades del orden (militares y policiacas) han participado directa o indirectamente en situaciones de persecución, desaparición forzada y hasta ejecuciones extrajudiciales. Casos que, no hay que olvidar, aún esperan razones de verdad y de justicia.

Sin embargo, Peña Nieto se decantó por los derechos humanos del colectivo LGBTTI y, en el marco del día nacional de lucha contra la homofobia, presentó sus intenciones por garantizar reformas a la constitución y al código civil para homologar la figura legal del matrimonio para todas las parejas no heterosexuales.

Como lo explica el especialista Guillermo Gazanini, la iniciativa se empantanó en el Congreso por los periodos de descanso legislativos y también por el poco interés de los congresistas por cumplir los procesos reglamentarios en el tema. De hecho, incluso la bancada del partido del presidente abandonó el proyecto y lo desechó de su agenda de trabajo tras valorar que quizá el tema afectó electoralmente al partido en las votaciones nacionales del 5 de junio.

En el otro frente, algunos grupos de la sociedad civil y algunos ministros religiosos no dejaron de señalar que la iniciativa presidencial no representaba el sentir de los mexicanos (la mayoría de las encuestas reflejó que más de la mitad de la ciudadanía no está de acuerdo con la homologación matrimonial a parejas no heterosexuales ni con la adopción de menores por parejas del mismo sexo), que no respondía a los criterios antropológicos fundamentales de la sociedad y que, incluso miembros de los colectivos LGBTTI, no deseaban que el gobierno les ‘diera permiso’ para asociarse bajo una institución heteronormativa patriarcal como lo es el matrimonio.

Algunas de estas reflexiones orillaron a varias agrupaciones sociales, religiosas, de participación ciudadana, educativas y altruistas a conglomerarse bajo un Frente Nacional por la Familia (FNF) cuya bandera de presentación se difundió el 25 de mayo. Este Frente Nacional recogió y presentó 240,000 firmas de ciudadanos mexicanos que se opusieron contra la iniciativa de Peña y aseguraron que dicha reforma del presidente era un “golpe letal a las familias mexicanas” y que demostraba “un autoritarismo desmedido” del Ejecutivo contra el pueblo mexicano.

En estos tres meses de debate, las voces de ministros religiosos han respaldado al FNF y han intentado explicar, desde su criterio institucional y desde sus códigos de creencias, por qué tienen derecho a disentir y a manifestar su opinión sobre los matrimonios no heterosexuales.

Sin embargo, ciertos discursos de ministros así como artículos de opinión en medios de comunicación afines han recibido denuncias ante el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred). Las denuncias también han sido presentadas ante la Secretaría de Gobernación por la condición legal especial que tienen las Asociaciones Religiosas en México. Los querellantes son miembros de la sociedad civil y, principalmente, miembros de un grupo político.

Las denuncias alegan que los ministros religiosos incurren en ‘discurso homófobo’ e incitan a actos de discriminación por homofobia. De tal suerte que la Conapred podría tener entre sus manos la posibilidad de sancionar mediante apercibimiento, medidas administrativas o de reparación del daño a los ministros o a sus asociaciones religiosas, si los querellantes verifican daños materiales e inmateriales causados en su persona por los discursos denunciados.

En el caso de Gobernación, la sanción es aún menos probable, pues las expresiones de los ministros permanecen en la esfera de la libertad de expresión y, aunque la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público sí sanciona a los ministros que critiquen la ley o llamen a desobediencia civil, el tema de matrimonios igualitarios en México es apenas propuesta y no ley.

En este escenario, el Partido de la Revolución Democrática es el único grupo político que hoy toma la bandera del presidente Peña Nieto y que exige sanciones contra los ministros religiosos. Los otros partidos (PRI-PAN-PVEM, Morena) se han bajado de la batalla.

De este modo, las sanciones que el PRD exige contra ministros religiosos por parte de Gobernación se ven improbables; excepto una que no tiene nada que ver con el tema de matrimonios igualitarios sino con el problema de gobernabilidad del mandatario perredista, Graco Ramírez, en Morelos. Para nadie es desconocido que la violencia no ha sido resuelta en el estado. La sociedad civil, grupos del sector educativo y fieles han salido a marchar y reclamar paz; incluso se han propuesto alternativas políticas para confrontar la ruta del gobernador. El obispo Ramón Castro Castro ha escuchado permanentemente este clamor social y ha dado voz a las terribles denuncias de la población: “Estamos en manos del crimen”, sentenció el religioso durante el sepelio de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, asesinada un día después de asumir el cargo. La sanción contra Castro podría llegar a leerse como un acuerdo político entre el único partido que tiene el presidente Peña como aliado en el tema de matrimonios igualitarios y la única instancia que tiene la cúpula del partido para defender la investidura de su tan criticado gobernador.

Extraña mancuerna que ha alentado al Frente Nacional por la Familia a desplegar su músculo por el país. Con sus más de mil organizaciones están convocado a dos marchas: la primera el 10 de septiembre en las principales ciudades de la República y, la segunda, el 24 de septiembre, en la Ciudad de México. De manera histórica, la propia Conferencia del Episcopado Mexicano ha convocado a los obispos y a las diócesis a organizar y patrocinar dichas movilizaciones. Por supuesto, como en toda movilización pública, encontrarán nuevos aliados y también nuevos férreos opositores.

Mientras toda esta batalla sigue provocando tensión en las instituciones y en las calles, cada vez parece menos probable que la iniciativa logre consenso o siquiera interés en el cuerpo legislativo. Esperemos que no asuma la calle lo que aún se puede llevar al debate y la razón. Porque, ¿qué ha pasado con esos crímenes contra los derechos humanos de los que se lamentó la FIFA aquel 10 de mayo?, ¿quién se acuerda de ellos?

Sólo por esta vez parece tener razón el rapero Talib Kweli quien dice: “El juego es distracción. Saltémonos la parte de la religión y de la política; vayamos directamente hacia la compasión. Todo lo demás es sólo distracción”. @monroyfelipe

Reforma civil en puerta

peñaobisposmxNo se le puede dar vueltas, la iniciativa de reforma al Código Civil que presentó Enrique Peña Nieto al Congreso fue sorpresiva, principalmente para los católicos que habían escuchado en febrero pasado al presidente de la República asegurar al papa Francisco que “las causas del Papa también son las causas de México”. A los politólogos no les sorprendió porque así han sido  presentadas todas las reformas estructurales (energética, educativa, laboral, hacendaria, etc.) y, lo peor, que todas fueron aprobadas sin debate previo o mediante diálogos simulados entre partidos.

La iniciativa enviada al Congreso dice: “La presente iniciativa tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Civil Federal a efecto de: a) Garantizar el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio en igualdad de condiciones que las personas heterosexuales. b) Establecer igualdad de condiciones que las personas heterosexuales para la adopción. c) Garantizar la identidad de género. d) Establecer el divorcio sin expresión de causa”. Estos fragmentos han sido los que –hay que decirlo- inquietaron a muchas personas.

De inmediato se ha despertado una cruzada en defensa el matrimonio tradicional que ha hecho reflexionar a muchos sobre los límites y alcances de una regulación de esta naturaleza en medio de una sociedad como la nuestra. Todo esto está bien porque se requerirá que la sociedad pensante participe activamente en los debates que se convoquen previos a la votación. Eso, si hay debates o si, en ellos, se invita en pluralidad.

El texto del presidente, sin embargo, añade que se tendrían que ‘actualizar otras figuras jurídicas’ para generar condiciones de igualdad y evitar la discriminación de personas o grupos; y, en esas actualizaciones jurídicas aparece algunas ideas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asegurando: “el derecho a formar una familia… la protección constitucional a la familia… proteger a la familia como realidad social”. Después de esto hay muchas cosas por debatir pero me quedo con estas tres porque, como ha mencionado Juan Dabdoub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, en la constitución mexicana, la familia no tiene figura jurídica, sólo los individuos.

Por supuesto, es claro que toda la argumentación política y legal de la iniciativa presidencial propone homologar el concepto de matrimonio; pero no lo podrá hacer si no incluye conceptos más profundos como familia y persona en un modelo legal que, por décadas, ha tratado a las personas como piezas de recambio histórico y a la familia como una manía cultural.

Ojalá el debate que por estos días comience a gestarse en ruta a la reforma al Código Civil sirva para dialogar, confrontar y favorecer el encuentro de razones; ojalá que, más allá de estridencias controversiales, se logre percibir la naturaleza de la persona y los derechos de las familias. Derechos que parten de su identidad y de su misión; derechos que, más allá de apariencias y disfraces, el Estado debe garantizar. @monroyfelipe

Hacer periodismo, aunque en ello nos vaya la vida

IMG_6670Se preguntaba Suso del Toro hace años en un artículo muy breve: “¿Se puede escribir cuando estamos llenos de asco por la infamia, de ira ante el descaro, del asesino que irrumpe obsceno y se pasea? ¿Se puede escribir otra cosa que panfletos contra el crimen, contra los canallas, contra ellos?”

Ante las tumbas de Nadia, Yesenia, Alejandra, Nicole y Rubén vuelven estas preguntas crudas, sin retórica, que en efecto nos plantean si en verdad nos quedan fuerzas, lágrimas o valor para seguir escribiendo cuando la persecución se hace tan evidente y, también nos preguntamos si será posible escribir de otra cosa que no sea de los canallas porque parece que, de suyo, es el contexto que nos asfixia.

Un par de semanas atrás leía de la desaparición de los periodistas Ángel Sastre, José Manuel López y Antonio Pampliega en Siria; dolía la noticia porque conocíamos sus trabajos y porque tanto en Medio Oriente como en Latinoamérica, logramos meternos en los pliegues de los conflictos gracias a su audacia y servicio. La distancia y  la esperanza de que aparezcan nuevamente, vivos y libres, nos hace creer que lo correcto es seguir apostando por ese periodismo sin filtros y audaz; consciente de llevar a la luz de cada mañana, los matices de esa naturaleza humana bajo las sombras de la guerra, de la oscuridad del crimen y el despojo desalmado.

Pero es parte de la condición humana sentir más duro el golpe cuando cae justo en medio de la nariz.

No pude dejar de sentir escalofríos cuando supe que el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, junto al de las otras cuatro mujeres, sucedió justo en la misma calle donde hace esquina esta pequeña redacción de revista independiente. Un espacio en el que hemos dado voz a activistas sociales que luchan contra el abuso de funcionarios públicos, a organizaciones que buscan desaparecidos en las fosas clandestinas, a comunidades que reclaman justicia ante el despojo de sus tierras, su trabajo, su dignidad o su libertad. A voces como la de Karla Jacinto que padeció la esclavitud en su propio país, o la de  Mario Vergara que busca a su hermano entre el lodo de las incontables fosas clandestinas de Guerrero; también voces de religiosos como Julián Verónica que defiende junto a su grey el derecho al acceso al agua responsabilizando a empresarios y políticos sin escrúpulos, y  Miguel Patiño quien resistió junto a su Iglesia de Apatzingán las muchas horas de balas y violencia, y acusó al gobierno de lastimar directamente a civiles inocentes.

En estos últimos años, los periodistas hemos tenido que dar noticia de las más de 100,000 ejecuciones en el sexenio de Felipe Calderón y las más de 20, 000 en la mitad del sexenio de Enrique Peña; también hemos informado de los sacerdotes asesinados en el país, 24 en 18 años; y, con ese mismo dolor, reportar las muertes de 103 periodistas (25 desaparecidos) en 15 años. México aparece lo mismo como uno de los peores lugares del mundo para ejercer el sacerdocio como el periodismo; un país que no está en guerra, que suma algo más de 80% de católicos y una nación pretendidamente democrática que respeta los derechos civiles de información. Es decir: ni los sacerdotes eran misioneros en tierras paganas ni los periodistas corresponsales de un país hecho trizas por la guerra… ¿O sí?

Alrededor de una rotonda sobre una avenida icónica y transitada de cualquier ciudad de este país hay una manifestación que pide justicia; en la esquina abrillantada y perfumada de una calzada de boutiques de lujo, un miserable pide caridad; en el empobrecido hogar de un maduro exempleado crecen las deudas tan rápido como la rabia; en las politizados y manipulados colegios, la impotencia de los niños por su futuro se manifiesta en violencia y abuso; en una iglesia una mujer llora por sus muertos y por sus desaparecidos; un sacerdote usa un chaleco antibalas debajo de la sotana y  levanta un muro en su parroquia para que las detonaciones no lastimen a la grey. Es hora de que los periodistas nos sumemos en un compromiso con estas personas de las que diario escribimos sus historias, en un compromiso para marchar hombro con hombro, con la mirada puesta en la esperanza y en justicia, un compromiso para mencionar por su nombre a los desaparecidos, para llorar como nuestros a todos quienes se han marchado, a encender una veladora como signo de indignación y de paciente espera, para hablar de todo lo que se hunde en el orgullo y se enaltece en la humildad, de todo lo que es humano que es también, al fin divino.

Preguntaba Suso del Toro: “¿Se puede escribir cuando estamos llenos de asco por la infamia, de ira ante el descaro, del asesino que irrumpe obsceno y se pasea? ¿Se puede escribir otra cosa que panfletos contra el crimen, contra los canallas, contra ellos?”

Sí, la respuesta es sí.

El sobrado placer de la derrota

peñaobisposmxEn política es mejor dejarse empatar y salir del encuentro con la ficticia sensación del ganar-ganar antes que humillar al adversario cuando se tiene la oportunidad; y es que la revancha y la venganza son –dice el clásico- platos que se sirven fríos y a nadie le gusta tener que tragar sapos.

La política mexicana ha adoptado esta convicción de cautela porque aún está muy lejano el horizonte electoral… del 2018; y aunque algunos tienen ya clara su estrategia de revancha, otros solo desean salir en la foto, limosnear lo que se derrame de la mesa. En el fondo, lamentablemente, lo único que se legitima con estas posturas es la medrosa e indiferente comodidad de los privilegios –y los privilegiados- ante el clamor de las muchas víctimas y miserables. Pocos, muy pocos, entienden de procesos democráticos, de madurez ciudadana, de responsabilidad, pluralidad y participación.

“Hay que escuchar a la sociedad”, recomendó el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante el encuentro que sostuvieron los obispos del Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el mandatario en la residencia oficial el pasado 10 de marzo.

Buena falta le hace. No solo por el descenso en su popularidad, sino porque las decisiones que desde el ejecutivo prácticamente impone (ignoramos si por voluntad propia) al poder legislativo y judicial, elevan los niveles de crispación social, de desconfianza y de impunidad.

El fantasma de volver a un autoritarismo que aplasta a un Congreso de la Unión apocado y que coacciona a una Suprema Corte de Justicia condescendiente, alerta e inquieta a no pocos sectores de la población quienes advierten que una actitud así podría agudizar el conflicto social que padece el país.

Por eso el presidente mantuvo su marcador por debajo cuando se reunió con los obispos mexicanos. Se tiró al piso para que lo levantaran; y funcionó, el arzobispo de Mérida, Emilio Berlié, le confió: “Usted va bien. Siga haciendo el bien. Solo al árbol que da frutos le tiran pedradas”.

Peña quiso mantenerse en el margen de la derrota a mitad del partido, aceptando que en las diferentes urgencias nacionales no se han alcanzado los mínimos deseables; pero prometió remontar la pizarra. Todo es parte de la estrategia, les aseguró.

Para seguir con la metáfora, es como si en el medio tiempo, el director técnico de un equipo que va perdiendo por diez goles declarara: “Goles, llevamos pocos, quizá uno; pero qué golazo. ¡Fantástico! ¿Lo vieron? Con ese gol le daremos vuelta al partido”.

Ese golazo, para el presidente tiene nombre: las reformas estructurales.

En respuesta, el cardenal Francisco Robles, arzobispo de Guadalajara y presidente de la CEM: “reconoció los logros alcanzados por el Presidente de la República y los miembros de su Gabinete, en medio de una situación difícil por múltiples problemas añejos y un contexto global complejo”, según afirmó el propio organismo eclesial.

Los obispos agradecieron que Peña no tomara la actitud triunfalista que en su momento asumió Felipe Calderón frente al combate al crimen organizado, la pobreza, la injusticia o la crisis política pero no quisieron avasallarle con los muchos temas negativos propios de su administración y de otros poderes constituidos que continúan sin atención o, en el mejor de los casos, minimizados: la corrupción de funcionarios, la infiltración del crimen en las administraciones públicas, la violencia del Estado contra ciudadanos, el secuestro de la política por parte de poderes fácticos, la depreciación del peso, el crecimiento de la deuda pública, el entredicho de su persona y sus colaboradores por los legales pero inmorales contratos cedidos, la falta de mando sobre el ejército, los miles de desaparecidos y asesinados, la ruptura del Pacto Federal, la nula relevancia del país ante el extranjero, la aniquilación de la oposición, la criminalización de la protesta social y  un largo etcétera.

Para el episcopado, las situaciones anteriores son apenas derivaciones de problemas más profundos; por ello, al tratarse de una reunión institucional, los obispos llevaron su propia agenda y estrategia para hacerle ver a Peña los temas que sí consideran apremiantes: la legislación pro derecho a la vida (presentada por el cardenal Norberto Rivera), la promoción de modelos de educación integral (expuesta por el cardenal Alberto Suárez), la exigencia de atención a víctimas y seguridad ciudadana (reclamada por el arzobispo Carlos Garfias), el llamado al combate a todo tipo de corrupción (convocado obispo Javier Navarro) y la demanda a una firme convicción para la erradicación de las pobrezas (requerida por el obispo Sigifredo Noriega). Temas que invariablemente requieren procesos democráticos, madurez ciudadana, responsabilidad, pluralidad y participación.

El presidente tomó nota de las preocupaciones de los obispos y se comprometió a colaborar por el bien de México, a combatir a la corrupción, a asumir una política de defensa de la vida, a disminuir la pobreza y desigualdad, a redoblar esfuerzos en materia de seguridad… pero como estaba en su cancha, con su balón y ya iba ganando, decidió regalarles un penal y sin portero: “Ustedes los obispos –dijo- están sembrando las semillas de esperanza y optimismo”. @monroyfelipe

Aplaudir o censurar; mientras, armas

rapidoEn un país con un ín­dice de lectura por los suelos, el libro del periodista Manuel Buendía La CIA en México llegó a vender más de 10,000 ejem­plares en los primeros meses tras su lanzamiento en 1983. La razón: el periodista había reunido en largos años de in­vestigación un esquema bas­tante completo de los agentes norteamericanos directivos, estrategas y operativos que mantenían funciones en Mé­xico a pesar del estricto marco de soberanía que reclamaba la República en sus leyes y estatutos.

Como se sabe, Buendía fue asesinado el 30 de mayo de 1984 y la investigación del caso llegó a tener 298 hipó­tesis de autores intelectuales y 58 de posibles autores ma­teriales del crimen. Algunas de ellas apuntaban a los agen­tes de Estados Unidos. En 30 años, la presencia de agentes extranjeros armados en te­rritorio mexicano no ha sido ajena a las autoridades. In­cluso en 2103, Manuel Bart­lett -quien fuera secretario de Gobernación en los años 80- denunció la “invasión” de agentes de la CIA y la DEA en territorio nacional.

Pongo esto en contexto por­que el 24 de febrero pasado, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para atender dos “reciprocidades internacionales”. Una: que agentes aduanales de Es­tados Unidos puedan portar armas de fuego en territorio mexicano para labores de vi­gilancia en centros de expor­tación y, dos: que agentes de seguridad de jefes de estado, jefes de gobierno, ministros o equivalentes puedan portar en México revólveres o pistolas de funcionamiento semiau­tomático cuyo calibre no sea mayor a .40 pulgadas.

Extraña iniciativa hace re­cordar el proyecto Gunrunner y el operativo Rápido y Furioso que implementaron el sexenio anterior el Departamento de Justicia y la Oficina de Control de Tabaco y Armas de Fuego de EU cuyo plan dejó pasar casi 2,000 armas de fuego al país para “rastrear cárteles y células del crimen organiza­do”. Esas armas terminaron matando a muchas personas durante la Guerra contra el Narco emprendida por el pre­sidente Felipe Calderón.

Como casi todas las iniciati­vas presidenciales, parece que ésta también pasará casi sin modificaciones por la Cámara de Diputados y quizá tenga la misma suerte en el Senado; aún más, podría ser una de las primeras reformas alcanzadas por la próxima legislatura cuyos representantes estarán votando los mexicanos el 6 de junio entrante.

Lo inquietante es el origen de la iniciativa. En el fondo, es un reclamo internacional a México ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de sus líderes e intereses en nues­tro territorio y es carta abierta para que ellos mismos salva­guarden esta garantía.

“Ya sé que no aplauden” murmuró Peña Nieto frente a los reporteros tras una rueda de prensa hace unas semanas. Habrá que recordarle el dis­curso del periodista Francisco Martínez de la Vega, cuando recibió la medalla al mérito cívico seis meses después del asesinato de Buendía: “El pe­riodismo bien concebido es el que aplaude sin cortesanía y censura sin injurias”. @monroyfelipe

¿Hay riesgo de mexicanización en América Latina? 

Publicado en Vida Nueva Cono Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile)

 



Dos frases de Francisco, contundentes y privadísimas, cuyo contenido quizá habría quedado en la conciencia del receptor de un e-mail, saltaron, sin embargo, al mundo entero: “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización” y “allá la cosa es de terror”.

Las expresiones nacieron en un intercambio de correos electrónicos entre el papa Francisco y su connacional Gustavo Vera. Ante la inquietud del legislador, el pontífice imploró que la nación argentina no llegue a los niveles de México en el tema del crecimiento en el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción de las autoridades.

Más allá de la indignación oficial del gobierno mexicano (poco respaldada por la ciudadanía), de la ‘minimización’ que procuraron algunos al recluir el tema al ‘estrictamente personal’ (habría que recordarles las palabras del Papa a los obispos mexicanos del 19 de mayo pasado) y del affaire diplomático que obligó a una ‘operación cicatriz’ exprés, queda la inquietud sobre qué significa mexicanización y si es verdad que los países latinoamericanos deben evitar esta condición antes de que vivan momentos “de terror”.

Encontrar una historia que sume narcotráfico, crimen organizado, violencia, corrupción, impunidad y brutal salvajismo en México es igual que tirar un dardo en cualquier dirección con los ojos vendados, y acertar en el centro de un episodio infame que, a nuestro juicio, podría ser el más cruel con el que nos podríamos haber topado… hasta que volvemos a tirar el dardo.

Esto comenzó hace una década, cuando encapuchados lanzaron desde una camioneta en movimiento bolsas negras con las cabezas cercenadas de sus rivales en el negocio; con esto, querían dejar una idea clara: el crimen goza de total impunidad. Por eso luego hubo un sujeto que se deshacía de los cadáveres disolviéndolos en tambos de ácido, un grupo de secuestradores enterró a más de doscientos migrantes en fosas clandestinas (después aparecieron decenas de fosas con restos de personas que también habían desaparecido), el líder de un cártel desmembraba a sus víctimas aún con vida y con frecuencia les arrancaba el rostro, otro grupo ‘levantaba’ y secuestraba menores para obligarlos al oficio de ‘sicario’

Las confrontaciones entre cárteles de la droga llevaron a situaciones inverosímiles: una docena de cadáveres colgados de un puente vehicular, centenares de ‘encobijados’ sembrados en todos los páramos, enfrentamientos en plena luz del día, ciudadanos que murieron en medio del fuego cruzado, localidades enteras que debían pagar ‘protección’ al crimen organizado, carreteras enteras usurpadas por los criminales, largas tardes de balaceras interminables en varias ciudades del país. La respuesta del gobierno entonces fue la confrontación directa y la persecución de los criminales; la estrategia no calculó que las fuerzas públicas estaban infiltradas y corrompidas por el crimen. Tropa y mandos de las policías municipales y estatales completamente dedicadas a la protección y al servicio de bandas criminales y cárteles de la droga. El caso de Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes de mano de la policía local y bajo el conocimiento del Ejército, como convidados de piedra, es el mejor ejemplo de aquello.

El problema no concluye allí: líderes políticos, representantes populares, legisladores, directivos de partidos políticos, empresarios y toda clase de funcionarios públicos han sido evidenciados por sus vínculos con el crimen organizado; algunos bajo amenaza y otros por convicción, dejan trabajar a los delincuentes en el ejercicio del poder. Sin duda, con cierta regularidad han caído los líderes de estos grupos criminales; a veces, en medio de un festín de sangre, como en el caso de los Beltrán Leyva o Edgar Valdéz La Barbie; y otras con total control como con Joaquín El Chapo Guzmán o Servando Gómez La Tuta. Con todo, los ejecutados y desaparecidos se acumulan cada semana, muchos criminales continúan operando desde prisión. Del otro lado, los muertos y secuestrados son ciudadanos inocentes, líderes sociales, defensores de derechos humanos, activistas políticos y, también, sacerdotes.

Esto le platicaron los obispos mexicanos al papa Francisco en la visita Ad Limina del año pasado y de allí la expresión que, aunque no le haya gustado a la administración del presidente Peña Nieto, fue ampliamente asumida con vergüenza por la ciudadanía.

¿Hay riesgo de esto en Argentina o en los países latinoamericanos? Leo un breve resumen sobre las noticias de los últimos diez días sobre el crimen organizado en La Nación: jueces y fiscales amenazados por la mafia, un tiroteo entre narcotraficantes deja muertos y heridos en un asentamiento, apresan a un sicario presunto responsable del asesinato de un subcomisario, robo de avionetas para trasiego de drogas y armas, madre e hija en prisión por narcomenudistas, guerra de narcos en Rosario, un cura denuncia el problema de la droga en su comunidad, la banda delictiva de Los Monos opera crímenes desde la cárcel y la autocomplacencia del Estado en sus estrategias y medidas de seguridad… Sí, Argentina, al igual que todo el subcontinente, tiene riesgos de ‘mexicanización’.

El problema está en el imperio de la ley y del peculio, en la corrupción de las autoridades y en la apatía de la ciudadanía; en la impunidad con que gozan los criminales y el egoísmo con el que se afrontan los problemas; en la ambición de éxito y poder que vende valores por dinero. Pero Francisco no señala carencias si no anticipa propuestas, las dijo a los obispos de México: “Ustedes con su pueblo siempre y desde allí promover este espíritu de concordia a través de la cultura del encuentro, del diálogo y de la paz”. Esperamos, junto al Papa, que otras naciones aún estén a tiempo.

 

Ir, solo si es para dar consuelo

cq5dam.thumbnail.624.351El sacerdote jesuita Antonio Spadaro, director de la Civiltà Cattolica, nos comparte en su aportación especial para Vida Nueva un par de anécdotas del papa Francisco que son oportunas para reflexionar ahora. Dice el religioso que durante el viaje apostólico que hizo el pontífice a Corea del Sur en agosto pasado, Francisco organizó, anunció y sostuvo un encuentro sorpresa con los religiosos jesuitas de la Universidad de Sogang de Seúl. El encuentro no estaba en la agenda oficial, ni siquiera en la que la logística vaticana había previsto. Veinticuatro horas antes de estar frente a la comunidad  universitaria nadie habría imaginado tal escenario.

Y, sin embargo, Francisco consideró apretar un poco la agenda para ir al encuentro de estos hombres en formación pues les quería compartir una palabra y un concepto: consolación.

Recordaba esta anécdota, relatada a detalle por Spadaro en nuestras páginas, al momento de mirar un poco con decepción a un par de religiosos que estaban convencidos que el Papa anunciaría su viaje apostólico a México durante la misa a la Virgen de Guadalupe que presidió en Roma el pasado 12 de diciembre. También después de escuchar el viacrucis del secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, por los pasillos curiales cuando fue enviado por Peña Nieto al Vaticano para ‘asegurar’ la visita de Francisco al país. Una misión condenada de inicio al fracaso más por el desplante de la diplomacia mexicana que por la prudencia de la Santa Sede.

La historia tiene dos enseñanzas: Una, que Francisco puede dar sorpresas con muy poco tiempo de anticipación; y, dos, que opta por este recurso cuando en verdad tiene un mensaje muy conciso e importante para compartir. En el caso del viaje a Corea del Sur, el Papa habló de la consolación. Esa misión de todos los ministros del Evangelio, de los sacerdotes y de los religiosos, de ser personas de consolación que ofrezcan paz a la gente y calmen sus heridas. El encuentro y el mensaje eran necesarios, oportunos y relevantes; el momento era algo que no puede dejarse para después.

“¡Está claro que al Papa no le importamos! ¡Simplemente no quiere venir a México!” Dijo notablemente desencantado uno de los religiosos que seguía la transmisión desde Roma. Pero no, no es verdad. Lo que hay que preguntarnos, a la luz de la experiencia que nos relata Spadaro, es si su visita es oportuna, relevante y necesaria justamente en este momento y si hay condiciones para ser receptivos del mensaje que quisiera compartir, si habría buena acogida a su convocatoria para ir a dar consuelo, salir al encuentro, ser hospital de campaña. Saber si antes que leyes, los creyentes buscan dar medicinas, alivio y hospitalidad a tanta gente herida en fondo de su alma.

Del “he decidido” al “me he visto forzado” y otras anfibologías de un mensaje presidencial en tiempos de crisis

27376-800-533El presidente de lo que queda de la República, Enrique Peña Nieto, emitió el “Mensaje a la Nación: Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo” a dos meses de los acontecimientos de Iguala, Guerrero, cuyos tristes despojos se han vuelto símbolos de la crisis transversal en el aparato institucional en cada rincón del país.

Tanto en la apertura como en las conclusiones, el ejecutivo nacional dibujó un panorama de los acontecimientos en el país y de los sentimientos que provoca dicha crisis institucional. En realidad, la crónica de los eventos y su adhesión a la indignación no convenció a quienes han y hemos seguido hombro a hombro el clamor de la gente y las víctimas, pero quizá sí permeó entre sus correligionarios, sus miembros operativos, sus primeros colaboradores y sus más radicales defensores. Ahora es posible decir que vivimos en un ‘Estado fallido’ no solo entre los ciudadanos que hemos constatado esa verdad cada día, sino entre los muros del palacio y las cumbres del poder, como los asesores, los secretarios, funcionarios públicos y beneficiarios del modelo económico vigente; es hasta ahora que pueden hablar de esto abiertamente porque “el Estado ha cedido espacios”, lo ha dicho el presidente. La primera ambigüedad es suponer que el mensaje iba dirigido a quienes sostenemos una crítica frente al régimen; todo lo contrario, sus destinatarios eran quienes se preguntaban por qué había tanto escándalo en las calles.

Entonces habrá quienes aplaudan y reconozcan en este mensaje al estadista que esta crisis necesita. Pero he aquí su primer error: ¿Qué significa que el primer mandatario, uno que doblegó a la oposición para hacer pasar las reformas de su interés, se sume a la exigencia de la justicia en su propio país? ¿Qué significa la (re)afirmación de su voto de servicio y compromiso a un tercio del camino sexenal? ¿Será él quien al asumir la responsabilidad de liberar a México de la criminalidad, asuma también los costos políticos de esta declaración?

Peña se colocó nuevamente como blanco de diana y le han disparado nada más que la verdad: “¡Tú no eres Ayotzinapa!”

Algo suena detrás de cada inquietud que presenta el mandatario: si el presidente exige justicia, ¿quién la está impartiendo hoy en día?; si anuncia su compromiso a mitad del camino, ¿no lo había asumido hasta ahora?; si Peña recogerá los lastres de la batalla, ¿quién recibirá el relevo sin la presión de la inmovilidad?

Con todo, el verdadero cuerpo del mensaje está en las nuevas diez medidas prácticas y operativas para “recomponer el rumbo, para impulsar el cambio de fondo en materia de seguridad, justicia y Estado de Derecho”: 1. Aprobación de una ley contra la infiltración del crimen organizado en autoridades (municipales, principalmente); 2. Redefinición de competencias de autoridades en el combate al delito; 3. Policía estatal única con 32 corporaciones; 4. Teléfono único de emergencias en materia de seguridad (911); 5. Clave única de identidad; 6. Operativo especial en Tierra Caliente; 7. Reformas de acceso a la justicia; 8. Fortalecimiento de instituciones de defensa de Derechos Humanos (articulación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Ubicadas, Banco Genético y Registro Nacional de Víctimas); 9. Aprobación de leyes anticorrupción; y 10. Fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

La primera crítica que recibe Peña Nieto sobre este decálogo es precisamente lo que le habrá motivado a pronunciarlas: Si no logra hacer cumplir mínimamente las leyes vigentes, ni responde al clamor popular para remover funcionarios, ¿para qué proponer nuevas leyes, para qué proponer nuevos organismos que indefectiblemente estarán en manos de funcionarios intocables?

Cada una de las propuestas merecen un análisis exhaustivo y serán estudiadas por los especialistas; sin embargo, me atrevo a señalar que todas las medidas están encaminadas a lo que el presidente enfatizó: unidad. Pero cierta unidad que sueña con uniformidad, unidad a la que no le basta el equilibrio. Esto no es nuevo, paulatinamente parece que vamos mudando de las instituciones ‘federales’, a las instituciones ‘nacionales’. Se busca armonía pero se sacrifica autonomía. Ante la desarticulación del país, parece obvio buscar una mayor centralización en el ejercicio del gobierno y el control administrativo, judicial, electoral, legislativo incluso; pero no podemos menospreciar la reaparición de fantasmas hegemónicos absolutamente inoperantes en la era de la ciudadanía politizada y participativa.

En el mensaje también anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sur del país, algo de no poca trascendencia. Las ZEE en el mundo son muy valoradas en el marco de la economía global, por su éxito en la reactivación productiva y comercial de economías ralentizadas,  aunque muchas veces a costa de dos sacrificios muy claros: el ‘cierto grado’ de explotación laboral, la pérdida de tierras de cultivo y una (aún) menor intervención del gobierno en las empresas y sus relaciones inmobiliarias en la zona.

Aún hay más respecto a la narrativa de estas propuestas: ¿Habrían sido presentadas sin la emergencia que vivimos? ¿Era necesaria la sangre de las víctimas, la ausencia de los desaparecidos, la indiferencia de las fuerzas del orden, la corrupción de las autoridades, el mar infinito de muertos anónimos? ¿Era necesario reconocer que “el Estado había cedido espacios”? ¿Hacía falta que el presidente asumiera personalmente la responsabilidad de “liberar a México de la criminalidad, la corrupción y la impunidad”? Todo el mensaje parece señalar que sí: que se aplicarán medidas emergentes para un escenario no previsto.

De allí la inquietud por el “he decidido” presidencial que, en el fondo, habla de un viraje inesperado que doblega a los cambios y no de una reflexionada estrategia a largo plazo. Fuera de las propuestas emergentes, el mensaje denota una serie de ambigüedades que intentan cubrir cierta verdad subyacente.

Cuando Peña Nieto dice que “México sufrió uno de los ataques más cobardes y crueles del crimen organizado” es claro que no habla de los estudiantes de Ayotzinapa sino del propio Estado a través de autoridades corruptas y delincuentes. Cuando habla de “indignación y agravio” no hay elementos emocionales sino pragmáticos y políticos.

Es esto lo que aún no mira el presidente y por eso no logra empatía con el pueblo que representa. Él se ha visto forzado, mientras que el pueblo ha decidido a plantear un nuevo modelo de relación con el gobierno. Esperemos que esto último sí logre dar frutos. @monroyfelipe