participación ciudadana

El deber ciudadano

INEParecen pocas, pero las obligaciones de los ciudadanos mexicanos condensadas en el artículo 36 de la Constitución Política implican grandes responsabilidades cívicas y morales: todas están orientadas a colaborar en sociedad, con las instituciones que amalgaman a la nación en su modelo de República democrática y federada.

Y no es una simple casualidad que las obligaciones tengan carácter colectivo, es un reflejo de que nuestra constitución considera a los derechos -si bien individuales- orientados al bien común. Es por ello por lo que el deber ciudadano no es un acto exclusivamente individual y egoísta, es la responsabilidad que asumimos con la comunidad, con los otros, con el resto de los habitantes, con los que compartimos todas las bondades de una nación.

Tres de las cinco obligaciones ciudadanas tienen que ver con nuestra democracia y las funciones públicas de responsabilidad política: votar, ejercer cargos de elección popular y ejercer cargos de la administración pública. Esto pone en evidencia el peso que representa para un país como el nuestro, la participación y la necesidad de que los ciudadanos se involucren a cabalidad en la conducción, vigilancia y control de las instituciones locales y nacionales.

Sin embargo, frecuentemente se insiste en que los mexicanos somos apáticos, que nos cuesta trabajo participar en las responsabilidades políticas y democráticas del país. Por ejemplo, para las elecciones de este 1 de julio más de 3.5 millones de ciudadanos sorteados para ser funcionarios de casilla (una enorme responsabilidad para vigilar la transparencia electoral) rechazaron participar con esta responsabilidad, representan más del 50% de las personas a las que se invitó a hacerse cargo de esta indispensable tarea democrática.

Hay que señalar que, a diferencia de muchos países, en México el voto es una obligación y nuestro país registra el mayor abstencionismo electoral de entre los países donde este ejercicio ciudadano está mandatado por su constitución. Además, cada año un buen porcentaje de las todas las posiciones de administración pública por designación ejecutiva suelen caer en manos de apenas un puñado de apellidos y familias bien conocidas por cada localidad (algunas desde hace más de 6 décadas); es decir, mucha de la crítica a la llamada ‘clase política’ se hace casi siempre desde el nulo involucramiento ciudadano.

Insistir en una mayor participación ante los deberes ciudadanos no es tema baladí, menos cuando las búsquedas más comunes en Internet sobre procesos electorales son: “¿Cuánto pagan por ser funcionario de casilla?” y “¿Cuánto gana un diputado?”. Es decir: pareciera que la gran mayoría de los mexicanos desea comprometerse en las responsabilidades sociales sólo tras la perspectiva de remuneración económica y no desde la ética-política-ideal a favor de una democracia “de valores”, en pos del mayor bien posible y del siempre deseado bien común.

El bien común vs el privilegio egoísta

El deber ciudadano es inseparable de las necesidades colectivas; por el contrario: justo cuando pierde su dimensión comunitaria es cuando aparece el peor de los rostros de este ‘deber’: la corrupción del poder, de la posición, de privilegio en el uso de la información, los recursos o las herramientas de la administración pública.

El “lado oscuro” de los deberes ciudadanos, por desgracia, pueden palparse en todos los regímenes políticos sean democráticos o no: la compra y venta de conciencias, la usurpación de funciones ciudadanas por parte de los centros de poder, la persecución o el adormecimiento de la libertad de expresión, la corrupción sistemática o institucionalizada del ejercicio del poder público, el desvío de recursos, etcétera. Y aunque parecieran actividades muy diferentes, la perversión del deber ciudadano tiene un elemento en común: el privilegio egoísta antepuesto el bien común.

Este privilegio egoísta se manifiesta cuando el interés personal o apenas sectario somete a toda una comunidad al riesgo de que sus derechos sean vulnerados, que sus decisiones no sean tomadas en cuenta o que el resto de la sociedad soporte la creciente ambición de prerrogativas de unos pocos. El papa Francisco, durante su visita a México en febrero del 2016, dijo a los liderazgos políticos y económicos del país que la experiencia demuestra que cada vez que se busca el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve terreno fértil para la corrupción, narcotráfico, exclusión, violencia, tráfico de personas, secuestro y muerte.

Por desgracia, es común que servidores públicos aseguren que sólo responden al “deber ciudadano” que la población les ha confiado, pero en el camino hacen uso indiscriminado de las prebendas y privilegios de su posición. Incluso bajo el supuesto de hacer el bien, es fácil que el funcionario crea que las prebendas son parte de sus derechos inalienables.

Por si fuera poco, la confusión entre el bien común y el privilegio egoísta en el marco del “deber ciudadano” no es exclusiva del funcionario o del representante electo; muchas veces el deber ciudadano se empaña incluso desde el sufragio libre. En las recientes campañas electorales la organización Frente Ciudadano contra la Pobreza denunció tanto las prácticas de compra de votos como el precio que los ciudadanos le dan a su propia responsabilidad cívica. El precio en la práctica de compra de votos en México, según la organización, fluctúa entre los 200 y 5000 pesos por sufragio dependiendo de las localidades y de la competencia política entre partidos de las entidades.

Sanar la moral cívica

Pero ¿hay cura para sanar el verdadero sentido del ‘deber ciudadano’ o es irremediable la descomposición pragmática de la responsabilidad social?

En las últimas décadas, la única opción que las sociedades han emprendido para curar la enfermedad de la corrupción ha sido la creación de nuevas leyes o regulaciones, o endurecer los castigos institucionales a quienes vulneran los pactos de orden cívico. Sin embargo, la experiencia también indica que estas medidas en nada han cambiado la actitud y operación de los pervertidores del ‘deber ciudadano’. Incluso en México se ha vuelto famosa la expresión: “Es absolutamente inmoral pero completamente legal”, para ejemplificar que los abusos no siempre pueden ser perseguidos por la ley.

Y es que para recuperar el compromiso con la colectividad desde esas responsabilidades ciudadanas no basta la ley, se requiere una profunda búsqueda ética y moral.

Por ejemplo, el deber ciudadano en el ejercicio del voto debe tener interés colectivo y comunitario, incluso fuera de los márgenes sociales a los que se pertenece: la persona que ha sido exitosa en los negocios debe pensar en el bienestar de quienes no han tenido ni esa fortuna ni esa oportunidad; y, por el contrario, las clases más humildes de la sociedad también deben mirar la potencia que como comunidad tienen para mover la balanza contra regímenes que abofetean la dignidad de las personas ubicadas en los márgenes sociales. Votar por aquel que me asegure contratos millonarios o por aquel que me regala despensas o promete programas sociales innecesarios es igualmente indigno, sobaja al elector y lo somete al servilismo del poder. “Ningún hombre es una isla”, diría John Donne y yo añadiría que ninguna victoria es realmente buena si hay que celebrarla en soledad, extasiado en las ganancias, escondido detrás de las cortinas de la vergüenza.

Para desintoxicar el deber ciudadano, para curar la moral cívica, es necesaria la colectividad: Si el deber ciudadano no tiene el rostro de todo el pueblo puede transformarse en cualquier cosa, pero jamás será un actuar encaminado al bien común.

Actuar implica asumir responsabilidades con el prójimo, dicen Christoph Krauß y Joachim Hupkes en el DOCAT, el libro que condensa dudas y respuestas sobre la Doctrina Social de la Iglesia Católica: “El Mandamiento del Amor a Dios y al prójimo es un compromiso profundamente moral para que los cristianos ayudemos, sirvamos al bien común, asistamos a cualquier individuo en el desarrollo de una vida digna del hombre y protejamos a las asociaciones y comunidades en sus propios derechos”.

El deber ciudadano no es un acto heroico en sí, no requiere ni fuerza sobre humana ni extrema inteligencia -incluso ni siquiera inteligencia humana ‘promedio’ como largas generaciones de políticos nos lo han demostrado-; es más, a pesar de que se realice bajo generosa entrega, radical honestidad y constante sacrificio, el cumplir con “el deber ciudadano” ni siguiera dota a la persona de un aura inmaculada ante las críticas de la sociedad, todo lo contrario lo invita a expresar la mayor humildad y resiliencia ante la historia democrática pasada y futura del pueblo al que ha servido.

El “deber ciudadano”, considero, es más una oportunidad. La posibilidad de inclinarse en los abismos de nuestra convivencia social, de compartir tanto las alegrías como las amarguras de nuestros sistemas democráticos y regímenes políticos; pero si aún no lo convenzo, retomo lo escrito por Eduardo Mendoza luego de reconocer que no supo qué contestar a la reportera que le inquirió: “¿Usted, por qué vota?” El escritor se llenó de vergüenza al no poder responder de inmediato a la prensa; pero luego, en la tranquilidad de su casa -suponemos-, reflexionó: “Entonces, ¿por qué había ido a votar? Porque todavía me conmueve votar con la gente de mi barrio un domingo soleado por la mañana; y porque una desconfianza última me lleva a pensar que si luego las cosas se tuercen por culpa de quien sea, me quedará el consuelo de saber que yo sí he cumplido”.

@monroyfelipe

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#Debate2018 Ganó el formato, faltaron aportaciones de fondo

asd.JPGConcluido el primero de tres debates entre los candidatos a la Presidencia de la República, los cinco candidatos –como ya lo habían trabajado en sus equipos de campaña- se declararon ganadores de su trinchera y pusieron en marcha sus tácticas para posicionarse en los espacios noticiosos de la semana. Sin embargo, como nunca antes, las estrategias en las redes sociales presidieron el análisis de lo acontecido en tiempo real y con miles de matices de opinión. Lo que quedó fuera, no obstante, fue la oportunidad de abordar los temas de fondo, que sí los hubo, pero palidecieron bajo las tácticas de imagen y campaña.

Los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral para trabajar con las empresas controladoras de las principales redes sociales del mundo y que éstas operaran a favor de lograr audiencias y conversación fueron notorios, pero inquieta mirar los resultados: un inmenso volumen de participantes, pero igualmente inmensa la basura que allí se produce. Eso, sin contar aquello que los vendedores de fantasías llaman “estrategias de redes” pero que no son sino la compra burda de tecleadores obsesivos.

Las redes sociales rompieron el monopolio de opinión de los medios de comunicación tradicionales de noticiarios. Nueve de las diez tendencias masivas en Twitter en México hablaban sobre el debate; además, la utilización de diversos hashtags del INE para generar y concentrar la conversación que produjeron cientos de miles de usuarios facilitó dar seguimiento no sólo a las intervenciones de la sociedad sino a los usos que los equipos de campaña de los candidatos están dando a estas herramientas. Por supuesto, Facebook y Whatsapp también fueron receptáculos inmensos donde creció la exposición de lo acontecido en el debate pero hay datos muy preocupantes sobre este enorme esfuerzo: sólo uno de los diez principales influencers en México decidió participar y colaborar en la conversación sobre el debate presidencial; el resto, para mantener su autenticidad y lo que sus audiencias les piden, decidieron no intervenir, ni voluntariamente ni por medio de intereses económicos que les sugirieron tuitear a favor de ciertos candidatos a cambio de un atractivo bono económico.

Esto quedó reflejado involuntariamente en una encuesta realizada por la empresa Pauta: tras el debate realizó mil 196 llamadas telefónicas a hogares mexicanos, sólo 27% de los encuestados había seguido el ejercicio democrático. Es decir, aún permanece un gran volumen de indiferencia social ante estos temas políticos. Y, cuando los hay, la banalización o la burla antecede a la reflexión desapasionada. En la encuesta de un destacado informativo de Jalisco, más de la mitad de sus audiencias confirmó que lo más importante del debate fueron los ‘memes’ y los ataques. Así que, al igual que otras redacciones de noticias, se colocaron en portada principal dos notas: Los memes de los candidatos y un contador de ataques durante el debate.

Ya se esperaba, los ataques se centraron en el candidato puntero y los analistas coinciden en que esta circunstancia redujo las posibilidades de que los participantes expusieran temas concretos y exploraran respuestas a los temas que se les presentaron en este primer debate. Según el contador de ataques emitidos y recibidos: Anaya hizo 17 ataques y recibió 14; Zavala atacó 14 veces y recibió sólo una crítica; Rodríguez no recibió ninguna embestida pero hizo 15; Meade arremetió en 17 ocasiones y recibió 7 agresiones; y, finalmente, López Obrador, atacó dos veces y recibió 43 señalamientos de sus opositores.

En el balance de los analistas políticos y de imagen pública hay cierta coincidencia en que el candidato Ricardo Anaya, fue el que realizó un mejor desempeño en la técnica; que José Antonio Meade, desaprovechó la oportunidad de salir del tercer lugar en la intención de votos; que Andrés Manuel López Obrador, aportó muy poco en el ejercicio y soportó con estoicismo las acérrimas críticas de sus oponentes; que Margarita Zavala, se esforzó demasiado en el tono y en la emoción pero no en el fondo de las ideas; y que Jaime Rodríguez, destacó por las insensateces vertidas y la disruptiva actitud.

Con todo, más allá de la imagen y desenvoltura de los aspirantes, finalmente los temas de fondo sí aparecieron en estos ejercicios democráticos, aunque con tibieza y abordados sin claridad. Quedan para posteriores reflexiones y diálogos: La elección de un fiscal independiente para combatir la corrupción en el gobierno, la exploración de una reforma legislativa para revocar el mandato presidencial, el diálogo por una estrategia de seguridad eficiente y la gobernabilidad en medio de una crisis de Estado.

En conclusión, ganó el formato del debate y será un error dar marcha atrás en ello. Eso obliga a los aspirantes a mejorar sus técnicas y sus argumentos, a ordenar sus ideas y plantearse una imagen que converja con sus planteamientos y a aprovechar su tiempo porque es el tiempo que los ciudadanos (los pocos interesados) les están dando. El terreno está asentado y la audiencia interesada está deseosa de participar, esperemos que –ahora sí- haya más propuestas para hacer coincidir esos dos espacios.

@monroyfelipe

De ‘alianzas aberrantes’ y narrativa moral electoral

La conformación de las extravagantes amalgamas electorales rumbo al 2018 han despertado la somnolienta moralidad de periodistas y analistas políticos. Como quizá nunca, hoy se cuestiona a los partidos políticos y sus precandidatos sobre sus doctrinas y posicionamientos morales frente a las de sus nuevos compañeros de fórmula aliancista.

No sólo han reclamado al PAN la traición de sus principios -a los que consideran casi religiosos- con la alianza con Movimiento Ciudadano y PRD; también critican que la ideología “evangélica” del PES es irreconciliable con la moralidad jacobina y marxista del PT. Aún más, las ya clásicas críticas al líder de Morena han cambiado del carril del ‘peligro de facto’ a la autopista de la ‘locura inmoral’; y al candidato del PRI le cuestionan que sea el PRI el partido que lo arrope y posicione, como si él fuera mucho mejor persona que todos los priistas juntos.

Es como si quisieran mostrar a sus audiencias que periodistas y analistas conocen más a los partidos y a los políticos que lo que estos dicen de sí mismos. Toman la actitud de un padre que siente placer al decirle a su propio hijo que lo que hace es incorrecto. Olvidan que en la política -la descarnada búsqueda del poder- las razones pragmáticas anteceden a las ideológicas.

Entonces, ¿por qué hemos escuchado en estos días más análisis sobre el mundo de la moral que del campo de la política? ¿Por qué se enfocan en las diferencias que han declarado los políticos ante los medios y no en lo que realmente se configura en estos nuevos armatostes políticos de operación? Los politólogos hablan de congruencia ideológica en dirigentes partidistas cuando la única congruencia que vale en la política es perseguir, conseguir y administrar el poder.

Ya lo dijo con absoluto desparpajo el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson: “Comercio con todas las naciones, alianza con ninguna. Ese debería ser nuestro lema”.

¿En realidad importa si hay convergencia ideológica o no entre los partidos que van juntos para el 2018? Y sí, a todas luces es claro que no ¿qué sí debería interesarnos de estos amarres partidistas?

Las amalgamas -lejos de ser verdaderas alianzas- tienen como objetivo remediar una carencia que partidos y movimientos políticos notaron en las últimas elecciones: la construcción de estructuras operativas funcionales que definan en cada una de las etapas electorales lo que esperan los partidos.

Ningún partido en solitario tiene la capacidad operativa para vencer la estructura promotora, coercitiva y defensora del voto corporativo que recibe apoyo desde el gobierno independientemente del color que tenga. Los procesos, la jornada electoral y la disputa en tribunales de las elecciones en este año dejaron en claro este punto.

Aceptar o no, confiar o no en la narrativa moral que los medios plantean sobre los precandidatos y las plataformas de los partidos corresponde únicamente a los ciudadanos; no sólo para la emisión de su voto y el descanso de su moral obedeciendo a historias sobre quién es “más honesto”, “más congruente” o “más independiente” sino porque la moral ciudadana no puede preocuparse por las presuntas “doctrinales” partidistas, debe preocuparse de las luchas de las familias en medio de las injusticias, de la búsqueda de la dignidad ante las opresiones económicas y la garantía de la seguridad mínima de su existencia.

En síntesis: es sintomático que los medios se preocupen más de la moral de los políticos que de la moral de la ciudadanía, obliga a pensar que el último personaje en relevancia para el concierto democrático es el ciudadano.

@monroyfelipe

Ciudadanía, nuevos protagonistas y retos mediáticos

8A las 20:30, un funcionario de primera línea institucional cita un tuit de un reconocido periodista quien a su vez ha compartido una nota que reprodujo su medio a partir de una denuncia que dio a conocer cierta organización. Pensemos de esta manera: ni al funcionario, ni al periodista ni a la redacción que compartió la acusación les constan los hechos denunciados; pero a las 20:30 el funcionario los ha validado como verdaderos y objetivos; y el resto de medios soportará ahora la veracidad de la historia amparados por la investidura del funcionario.

Lo que ha hecho el líder institucional ha sido un acto de fe, de confianza y credibilidad; en realidad nadie cuestionará después al periodista ni al medio ni a la organización que transmitieron la historia sino al funcionario que después juzgará a conciencia el cedazo de su crédito. Independientemente si la primera versión de la historia es real o falsa, lo que sucede en los modelos de comunicación actuales coloca en una muy frágil posición lo que aún se empeña en llamarse “información oficial”.

Hemos visto estos ejemplos casi a diario. A veces son casos dramáticos e inolvidables, pero lo que preocupa es todo ese denso tejido de noticias que la ciudadanía comienza a dejar en una zona gris de incredulidad o peor, de indiferencia. Una densa madeja de información que representa un gasto enorme a las instituciones que desean colocar su mensaje en lectores, audiencias y usuarios con éxitos pírricos.

Gran parte de los medios de comunicación han mantenido una posición sumamente cómoda como transmisores de “información oficial”. De hecho, basta un vistazo por casi todos los soportes mediáticos para descubrir que la fuente de su información es, muy pocas veces, la que se ha planeado con cuidado en las mesas de redacción. Al trabajo ordinario del periodismo (partir de una inquietud, investigar, validar los datos, contrastar las fuentes y relatar los pormenores de ese itinerario) se le llama con frecuencia “investigaciones especiales”, casi como si fuera un esfuerzo extraordinario esa labor que no es sino el mínimo de responsabilidad que adquiere un medio como servicio a la sociedad.

Sin embargo, a partir de sacudidas sociales como la que dejaron las tragedias de septiembre en México, hemos visto cómo la ciudadanía, con los nuevos modelos que tiene para comunicarse y los nuevos protagonistas que validan y certifican la información, terminan por desplazar a los liderazgos tradicionales que hacían esa verificación sólo con la investidura de su cargo. El fenómeno no es nuevo, ya venía sucediendo; pero son las crisis las que mejor evidencian la profundidad de los cambios.

Y en el fondo, quienes más se preocupan por este viraje no piensan en la veracidad o en el daño que puede hacer la transmisión de falsas noticias, sino en la pérdida del poder que han detentado gratuitamente casi por designio omnímodo.

Allí está el reto mediático: construir credibilidad sin apelar al tótem ajado. Porque no importó cuánto esfuerzo e inversión dedicó ese otro funcionario a limpiar la imagen de su gobierno tras una nota que brotó desde la indignación ciudadana, no importó a cuántos influencers pagó ni a cuántos medios vendió su explicación, ni siquiera pudo alzar la voz bajo la intensa rechifla que le propinó el vulgo.

La ciudadanía camina con cierta celeridad para reemplazar un polo de poder que fue cedido en otro contexto y circunstancia; y los medios no pueden sólo sustituir al presunto dueño de esa verdad de manera automática. Como antes y como siempre nos es indispensable un buen ejercicio periodístico en la ruta y sobre las fronteras de nuestra historia.

@monroyfelipe

Matrimonios igualitarios: la batalla florida

“Es entonces probable que el trofeo que perseguía el guerrero de la ‘batalla florida’ no fuera otro que el de su propia alma”. Laurette Séjourné. Pensamiento y religión en el México Antiguo

 

20ada9e701613571847bd29d4d788a45Todo parece indicar que en los próximos días, las calles serán testigos de un nuevo episodio en la confrontación entre quienes están a favor y quienes están en contra de la propuesta legal que busca homologar los conceptos, la razón, la cultura y los derechos del matrimonio para todo tipo de parejas no heterosexuales.

La iniciativa de ley fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo pasado, exactamente siete días después de que la Federación Internacional de Futbol Asociación le exigiera al gobierno mexicano atender primero los problemas domésticos en materia de derechos humanos antes de presentar su candidatura como sede al Campeonato Mundial de Futbol.

Por supuesto, la FIFA se refería a la crisis de derechos humanos que México ha venido arrastrando por casos de corrupción, abuso de poder y casos específicos donde las autoridades del orden (militares y policiacas) han participado directa o indirectamente en situaciones de persecución, desaparición forzada y hasta ejecuciones extrajudiciales. Casos que, no hay que olvidar, aún esperan razones de verdad y de justicia.

Sin embargo, Peña Nieto se decantó por los derechos humanos del colectivo LGBTTI y, en el marco del día nacional de lucha contra la homofobia, presentó sus intenciones por garantizar reformas a la constitución y al código civil para homologar la figura legal del matrimonio para todas las parejas no heterosexuales.

Como lo explica el especialista Guillermo Gazanini, la iniciativa se empantanó en el Congreso por los periodos de descanso legislativos y también por el poco interés de los congresistas por cumplir los procesos reglamentarios en el tema. De hecho, incluso la bancada del partido del presidente abandonó el proyecto y lo desechó de su agenda de trabajo tras valorar que quizá el tema afectó electoralmente al partido en las votaciones nacionales del 5 de junio.

En el otro frente, algunos grupos de la sociedad civil y algunos ministros religiosos no dejaron de señalar que la iniciativa presidencial no representaba el sentir de los mexicanos (la mayoría de las encuestas reflejó que más de la mitad de la ciudadanía no está de acuerdo con la homologación matrimonial a parejas no heterosexuales ni con la adopción de menores por parejas del mismo sexo), que no respondía a los criterios antropológicos fundamentales de la sociedad y que, incluso miembros de los colectivos LGBTTI, no deseaban que el gobierno les ‘diera permiso’ para asociarse bajo una institución heteronormativa patriarcal como lo es el matrimonio.

Algunas de estas reflexiones orillaron a varias agrupaciones sociales, religiosas, de participación ciudadana, educativas y altruistas a conglomerarse bajo un Frente Nacional por la Familia (FNF) cuya bandera de presentación se difundió el 25 de mayo. Este Frente Nacional recogió y presentó 240,000 firmas de ciudadanos mexicanos que se opusieron contra la iniciativa de Peña y aseguraron que dicha reforma del presidente era un “golpe letal a las familias mexicanas” y que demostraba “un autoritarismo desmedido” del Ejecutivo contra el pueblo mexicano.

En estos tres meses de debate, las voces de ministros religiosos han respaldado al FNF y han intentado explicar, desde su criterio institucional y desde sus códigos de creencias, por qué tienen derecho a disentir y a manifestar su opinión sobre los matrimonios no heterosexuales.

Sin embargo, ciertos discursos de ministros así como artículos de opinión en medios de comunicación afines han recibido denuncias ante el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred). Las denuncias también han sido presentadas ante la Secretaría de Gobernación por la condición legal especial que tienen las Asociaciones Religiosas en México. Los querellantes son miembros de la sociedad civil y, principalmente, miembros de un grupo político.

Las denuncias alegan que los ministros religiosos incurren en ‘discurso homófobo’ e incitan a actos de discriminación por homofobia. De tal suerte que la Conapred podría tener entre sus manos la posibilidad de sancionar mediante apercibimiento, medidas administrativas o de reparación del daño a los ministros o a sus asociaciones religiosas, si los querellantes verifican daños materiales e inmateriales causados en su persona por los discursos denunciados.

En el caso de Gobernación, la sanción es aún menos probable, pues las expresiones de los ministros permanecen en la esfera de la libertad de expresión y, aunque la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público sí sanciona a los ministros que critiquen la ley o llamen a desobediencia civil, el tema de matrimonios igualitarios en México es apenas propuesta y no ley.

En este escenario, el Partido de la Revolución Democrática es el único grupo político que hoy toma la bandera del presidente Peña Nieto y que exige sanciones contra los ministros religiosos. Los otros partidos (PRI-PAN-PVEM, Morena) se han bajado de la batalla.

De este modo, las sanciones que el PRD exige contra ministros religiosos por parte de Gobernación se ven improbables; excepto una que no tiene nada que ver con el tema de matrimonios igualitarios sino con el problema de gobernabilidad del mandatario perredista, Graco Ramírez, en Morelos. Para nadie es desconocido que la violencia no ha sido resuelta en el estado. La sociedad civil, grupos del sector educativo y fieles han salido a marchar y reclamar paz; incluso se han propuesto alternativas políticas para confrontar la ruta del gobernador. El obispo Ramón Castro Castro ha escuchado permanentemente este clamor social y ha dado voz a las terribles denuncias de la población: “Estamos en manos del crimen”, sentenció el religioso durante el sepelio de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, asesinada un día después de asumir el cargo. La sanción contra Castro podría llegar a leerse como un acuerdo político entre el único partido que tiene el presidente Peña como aliado en el tema de matrimonios igualitarios y la única instancia que tiene la cúpula del partido para defender la investidura de su tan criticado gobernador.

Extraña mancuerna que ha alentado al Frente Nacional por la Familia a desplegar su músculo por el país. Con sus más de mil organizaciones están convocado a dos marchas: la primera el 10 de septiembre en las principales ciudades de la República y, la segunda, el 24 de septiembre, en la Ciudad de México. De manera histórica, la propia Conferencia del Episcopado Mexicano ha convocado a los obispos y a las diócesis a organizar y patrocinar dichas movilizaciones. Por supuesto, como en toda movilización pública, encontrarán nuevos aliados y también nuevos férreos opositores.

Mientras toda esta batalla sigue provocando tensión en las instituciones y en las calles, cada vez parece menos probable que la iniciativa logre consenso o siquiera interés en el cuerpo legislativo. Esperemos que no asuma la calle lo que aún se puede llevar al debate y la razón. Porque, ¿qué ha pasado con esos crímenes contra los derechos humanos de los que se lamentó la FIFA aquel 10 de mayo?, ¿quién se acuerda de ellos?

Sólo por esta vez parece tener razón el rapero Talib Kweli quien dice: “El juego es distracción. Saltémonos la parte de la religión y de la política; vayamos directamente hacia la compasión. Todo lo demás es sólo distracción”. @monroyfelipe

Responsabilidad ciudadana

presidencialismo-absolutoNuevamente habrá elecciones en México. El próximo 5 de junio se elegirán 12 gobernadores, 965 alcaldes, 239 diputados de mayoría relativa y 149 diputados de representación proporcional. Por desgracia parece que cada vez más la gente común está muy alejada de estos acontecimientos importantes para su localidad y comunidad. La desconfianza por la corrupción y la impunidad en la que trabajan muchos políticos mexicanos  podría ser la razón de la apatía entre la ciudadanía.

Pero esto podría cambiar. Eso al menos es lo que se busca con la Ley General de Responsabilidad Ciudadana (mejor conocida como Ley 3 de 3), la cual ha estado siendo ampliamente respaldada por diferentes sectores sociales, incluso los obispos mexicanos vinculados a la dimensión de paz, reconciliación, fe y política se han sumado a la iniciativa y han exhortado a la feligresía a adherirse a esta causa ciudadana.

La Ley 3 de 3 es muy sencilla pero necesaria, los funcionarios públicos y los candidatos a cargos de elección popular estarían obligados a presentar tres documentos a la ciudadanía: cuánto dinero y propiedades tienen; quiénes son sus socios y deudores; y cuánto están pagando regularmente de impuestos por sus actividades económicas. ¿Para qué serviría esto? Fácil, para que a mediano y largo plazo, la clase política lo piense dos veces antes de utilizar su cargo público para su propio enriquecimiento o beneficiar con sus decisiones a familiares, compadres o amigos.

Esto, porque la iniciativa de ley también propone algunas sanciones a los funcionarios que precisamente incurran en corrupción, tráfico de influencia o abuso de autoridad.

Sin embargo, para que esta ley pueda llegar al pleno de la Cámara de Diputados y Senadores se requiere que 120 mil mexicanos, mayores de edad y con credencial de votar vigente, firmen la petición para que la iniciativa ciudadana avance. Quizá no todo se solucione de inmediato, quizá los diputados y senadores detengan esta iniciativa y quizá con los nuevos personajes que resulten vencedores en las próximas elecciones volvamos a tener casos de corrupción e impunidad, pero la democracia no es sencilla y gran parte de la solución está en manos de todos. ¿No le gustaría saber cuánto dinero y propiedades tienen los funcionarios públicos o los candidatos? ¿No le gustaría saber con quienes tienen deudas los candidatos o quiénes son los amigos que podrían beneficiarse de tener un gobernador, presidente municipal o diputado como aliado? ¿No le gustaría saber qué personajes y partidos podrían recibir sanciones ejemplares cuando incumplan frente a la ciudadanía?

Es más, la Ley 3 de 3 también es útil para los candidatos y funcionarios honestos que son colocados en el mismo saco de corruptos; aún es posible de cambiar inercias y algunas empiezan en casa: ¿qué otras instituciones cree que también tendrían que transparentar dineros e intereses?  @monroyfelipe

Periodistas: Nuestro particular modo de interrogar

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui / http://www.20minutos.com.mx

Como periodista siempre he tenido una primordial certeza respecto a la audiencia y los lectores: ellos nos eligen entre un abundantísimo sector únicamente porque junto a nosotros reafirman sus convicciones, sus prejuicios y sus inquietudes.

Esto, dicho llanamente, es “conectar con el auditorio” y encontrar en el público las alianzas que requiere todo aquel que se atreva a buscar y representar la verdad. Y aunque no sea la preocupación principal de los periodistas, siempre se puede percibir entre las líneas de las palabras, de los silencios y de nuestras intenciones. Esto que parece simple, es en realidad la dificultad más grande que tenemos los profesionales de la información: conocer y reconocernos en nuestro particular modo de interrogar.

Conozco hombres y mujeres que, en el mundo de los medios de la información, jamás se han reconocido en sus preguntas y ello no significa que no puedan ser exitosos. Suelen apegarse a un guión, a la información oficial y al cálculo de su prestigio entre sus aplaudidores. Sus audiencias los conocen y les patrocinan el continuar en esa tónica. Hay otros, muy pocos desafortunadamente, que no solo se preocupan por esa aprobación sino por su propia sorpresa, por herirse en un legítimo asombro y por reconocer los errores que la parcial percepción nos suele propiciar.

Sin embargo, aun entre los primeros hay grandes diferencias. Mientras para algunos periodistas sus audiencias son las altas esferas del poder, otros cultivan su alianza con la más humillada ciudadanía. Y allí es donde hay que saber reconocerse.

No me asombra lo sucedido con Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga e Irving Huerta; tampoco lo escrito por Ciro Gómez Leyva o Ricardo Alemán. Es verdad que en este nuevo debate algunos opositores al ‘estilo Aristegui’ se han solidarizado con la periodista a título personal, pero tampoco eso es tan difícil de comprender cuando aquellos informadores han descubierto y saboreado las posibilidades del periodismo digital: más libre, más cercano y más significativo, frente al siempre cuestionable prestigio que da una empresa, las operaciones de sus dueños o de la necesidad de subsistencia corporativa.

Con todo, no por dejar de ser sorpresa me resigno a asumirlo como algo incontrovertible. Y el tema no se zanja solo por el centro sino por los costados.

¿Es verdad que hubo censura para acallar al equipo de investigaciones de Carmen Aristegui como resultado de una operación política y un acuerdo con el empresariado de MVS? ¿O se trata de un simple diferendo laboral cuya resolución compete únicamente a las condiciones que un empleador negocia con sus empleados? ¿Podría ser un poco de ambas? No lo sabemos, pero esas son las clase de preguntas que se deben hacer los periodistas, inquietudes en las que debe inmiscuirse para conocer la información de todas las partes posibles, horizontes que requieren puentes verdaderos en forma de documentación certera.

Con su trabajo, en su estilo y sus decisiones, Carmen ha labrado una mancomunidad con un gran sector de las audiencias, con liderazgos sociales, con su equipo, sus socios y sus confidentes. Lo vimos. No suele ser común que cuando un periodista termina su relación de confianza con la empresa que lo acoge, el público y sus amigos le sigan y abandonen el ‘prestigioso medio’. No solo los comentaristas, analistas y empleados de MVS dejaron a la empresa que, juzgan, no dio razones válidas de sus procedimientos; también la audiencia le ha dado la espalda a la compañía: 30 mil unfollows en cuatro horas tras la salida del equipo según se consignó.

¿Manipulados? Podría ser, pero ¿eso es lo que un periodista pensaría de su propia audiencia? ¿Creería tener la capacidad de controlar así a sus seguidores? ¿Esa es la clase de respeto que merece nuestro público?  Prefiero pensar en la posibilidad de madurez y libertad ciudadana, porque esos son los valores que espero alcanzar con mi ejercicio profesional.

Reitero en la idea de esa fuerte asociación que existe entre el periodista y su audiencia, porque cuando un informador ya no puede ser dominado entre los límites que impone un modelo político o económico, la sociedad tampoco. @monroyfelipe

El sobrado placer de la derrota

peñaobisposmxEn política es mejor dejarse empatar y salir del encuentro con la ficticia sensación del ganar-ganar antes que humillar al adversario cuando se tiene la oportunidad; y es que la revancha y la venganza son –dice el clásico- platos que se sirven fríos y a nadie le gusta tener que tragar sapos.

La política mexicana ha adoptado esta convicción de cautela porque aún está muy lejano el horizonte electoral… del 2018; y aunque algunos tienen ya clara su estrategia de revancha, otros solo desean salir en la foto, limosnear lo que se derrame de la mesa. En el fondo, lamentablemente, lo único que se legitima con estas posturas es la medrosa e indiferente comodidad de los privilegios –y los privilegiados- ante el clamor de las muchas víctimas y miserables. Pocos, muy pocos, entienden de procesos democráticos, de madurez ciudadana, de responsabilidad, pluralidad y participación.

“Hay que escuchar a la sociedad”, recomendó el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante el encuentro que sostuvieron los obispos del Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y el mandatario en la residencia oficial el pasado 10 de marzo.

Buena falta le hace. No solo por el descenso en su popularidad, sino porque las decisiones que desde el ejecutivo prácticamente impone (ignoramos si por voluntad propia) al poder legislativo y judicial, elevan los niveles de crispación social, de desconfianza y de impunidad.

El fantasma de volver a un autoritarismo que aplasta a un Congreso de la Unión apocado y que coacciona a una Suprema Corte de Justicia condescendiente, alerta e inquieta a no pocos sectores de la población quienes advierten que una actitud así podría agudizar el conflicto social que padece el país.

Por eso el presidente mantuvo su marcador por debajo cuando se reunió con los obispos mexicanos. Se tiró al piso para que lo levantaran; y funcionó, el arzobispo de Mérida, Emilio Berlié, le confió: “Usted va bien. Siga haciendo el bien. Solo al árbol que da frutos le tiran pedradas”.

Peña quiso mantenerse en el margen de la derrota a mitad del partido, aceptando que en las diferentes urgencias nacionales no se han alcanzado los mínimos deseables; pero prometió remontar la pizarra. Todo es parte de la estrategia, les aseguró.

Para seguir con la metáfora, es como si en el medio tiempo, el director técnico de un equipo que va perdiendo por diez goles declarara: “Goles, llevamos pocos, quizá uno; pero qué golazo. ¡Fantástico! ¿Lo vieron? Con ese gol le daremos vuelta al partido”.

Ese golazo, para el presidente tiene nombre: las reformas estructurales.

En respuesta, el cardenal Francisco Robles, arzobispo de Guadalajara y presidente de la CEM: “reconoció los logros alcanzados por el Presidente de la República y los miembros de su Gabinete, en medio de una situación difícil por múltiples problemas añejos y un contexto global complejo”, según afirmó el propio organismo eclesial.

Los obispos agradecieron que Peña no tomara la actitud triunfalista que en su momento asumió Felipe Calderón frente al combate al crimen organizado, la pobreza, la injusticia o la crisis política pero no quisieron avasallarle con los muchos temas negativos propios de su administración y de otros poderes constituidos que continúan sin atención o, en el mejor de los casos, minimizados: la corrupción de funcionarios, la infiltración del crimen en las administraciones públicas, la violencia del Estado contra ciudadanos, el secuestro de la política por parte de poderes fácticos, la depreciación del peso, el crecimiento de la deuda pública, el entredicho de su persona y sus colaboradores por los legales pero inmorales contratos cedidos, la falta de mando sobre el ejército, los miles de desaparecidos y asesinados, la ruptura del Pacto Federal, la nula relevancia del país ante el extranjero, la aniquilación de la oposición, la criminalización de la protesta social y  un largo etcétera.

Para el episcopado, las situaciones anteriores son apenas derivaciones de problemas más profundos; por ello, al tratarse de una reunión institucional, los obispos llevaron su propia agenda y estrategia para hacerle ver a Peña los temas que sí consideran apremiantes: la legislación pro derecho a la vida (presentada por el cardenal Norberto Rivera), la promoción de modelos de educación integral (expuesta por el cardenal Alberto Suárez), la exigencia de atención a víctimas y seguridad ciudadana (reclamada por el arzobispo Carlos Garfias), el llamado al combate a todo tipo de corrupción (convocado obispo Javier Navarro) y la demanda a una firme convicción para la erradicación de las pobrezas (requerida por el obispo Sigifredo Noriega). Temas que invariablemente requieren procesos democráticos, madurez ciudadana, responsabilidad, pluralidad y participación.

El presidente tomó nota de las preocupaciones de los obispos y se comprometió a colaborar por el bien de México, a combatir a la corrupción, a asumir una política de defensa de la vida, a disminuir la pobreza y desigualdad, a redoblar esfuerzos en materia de seguridad… pero como estaba en su cancha, con su balón y ya iba ganando, decidió regalarles un penal y sin portero: “Ustedes los obispos –dijo- están sembrando las semillas de esperanza y optimismo”. @monroyfelipe

Contra los depredadores y carroñeros de la sociedad

1415730646983“No hay que jalar hacia atrás al león, sino moverlo de lado”. Reflexiona un veterano de las lides políticas que, como domador de fieras, no ha quedado libre de zarpazos pero que puede mirar con cierta satisfacción los campos que no fueron devastados por los depredadores que sometió con mano izquierda.

En el campo de las transformaciones sociales, el camino de esta recomendación es lento, difícil, cansado y aparentemente poco eficiente: mucho esfuerzo para resultados apenas perceptibles. Y, sin embargo, por su fundamentación en la justicia, la caridad y la ley moral natural es de lo poco que puede construir cultura y educar a largo plazo en los valores éticos de libertad, convivencia, responsabilidad y solidaridad.

La crisis política en México, cuyo rostro apenas se ha hecho visible a nivel internacional, no ha sido otra cosa que el desenmascarar a los miembros depredadores de la sociósfera ubicados en la cúspide del sistema; y también a los útiles hordas carroñeras, que sin moralizar los crímenes precedentes, aprovechan la masacre para darse y ofrecer banquetes de los despojos del tejido social.

Los primeros y segundos tienen nombre y apellido, se enseñorean de las armas y la retórica para justificar sus actos; pero son los últimos en el estrato social (los despojados, los descartados) quienes padecen con más crudeza la agresión y las violencias. En esta situación, la respuesta más lógica y natural es tirar hacia atrás, no solo frenar estrepitosamente sino poner reversa en contrasentido de la historia; el escenario de esta operación se puede intuir: la subsecuente reacción desmedida del agresor dominante con más inclemencia sobre los miserables o el acaecimiento estrepitoso de las consecuencias. En el fondo, bajo esta acción, no son los últimos los usufructuarios del cambio sino los que aún tienen voz para protestar, fuerza para manifestarse y capacidad para erigir nuevas opresiones. En realidad no importa el triunfo sobre los devastadores sino la ética con la que se erradicó uno de los signos de la intimidación.

Por fortuna, algo ha cambiado. La posibilidad de la denuncia, la memoria, la investigación, la difusión, la comunicación y la crítica (en una palabra, la participación) se hace cada vez más horizontal y permea casi todas las rendijas del tejido social. Según datos aportados por Silvia Pellegrini, decano de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad de Chile, en México aún es bajo el acceso a los servicios de red de Internet, pero entre esos usuarios la portabilidad y movilidad es alta en comparación con otros países. Hoy mucho de lo que sucede en las calles y en esos rincones administrados por el silencio cómplice de componendas entre medios y gobernantes o por la comprensible intimidación del crimen indómito, queda registrado aunque no aparezca en la prensa, en los telediarios o noticiarios. Registros, fotografías, audios o videos son herramientas de la denuncia pública que no se puede dejar al margen. Las redes sociales en todas sus manifestaciones –aún en vías en democratizarse- son una ventana a acontecimientos no editados –ni validados- por profesionales de la comunicación y son sustrato que no debe despreciarse en la construcción de nuevos modelos de participación ciudadana y social.

Estos modelos deben aún encontrar caminos de operatividad con marcos regulatorios en los que se conquiste, fragmento a fragmento, la salvaguarda de la utópica aspiración al bien común.

No hablo de la burda negociación de intereses entre grupos de poder o bajo el cálculo político, sino en la operatividad de modelos técnicos, jurídicos y culturales, que aparten a los depredadores de ese tejido social que están a punto de devastar. Los constructos de derechohabiencia, de bienestar, de justicia o de desarrollo personal y comunitario se logran a través de modulaciones en los registros formales de convivencia que garanticen recursos de apropiación de derechos, de custodia en el cumplimiento de responsabilidades y de defensa de la dignidad humana en todo el espectro social. @monroyfelipe