Equivalentes funcionales, ambigüedad y libertad de expresión

Ha provocado cierto revuelo la solicitud de sanción que ha pedido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) contra cuatro de cinco ministros de culto acusados de violar la ley durante el pasado proceso electoral federal. Los magistrados explicaron que dos cardenales y dos sacerdotes católicos cometieron delitos electorales por violar los principios de separación Iglesia-Estado al expresar sus opiniones durante las campañas políticas del 2021; también resolvieron que al tercer obispo acusado se le levantara el señalamiento gracias a que el discurso de éste fue básicamente “ambiguo”.

De las sanciones a la madurez democrática

La semana pasada, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutió amplia y profundamente cinco casos de potencial vulneración al Estado laico presuntamente cometidos por dos cardenales, un obispo y dos sacerdotes mexicanos durante el proceso electoral de 2021; en su opinión, los ministros de culto quebrantaron principios constitucionales sobre la separación de la Iglesia y el Estado que afectaron la equidad y la igualdad durante la contienda política.

¿Ataques religiosos en México?

Se ha presentado en la Cámara de Diputados un dictamen que propone extender el criterio de sanción a los ministros de culto y asociaciones religiosas cuando cualquiera de estos promueva actos de discriminación. La iniciativa parece querer añadir otra pauta normativa a las ya existentes en la ley actual que distancian a los ministros de culto registrados ante Gobernación del resto de ciudadanos.

Remedios contra el estigma

En esta semana, durante un nuevo enfrentamiento de posiciones entre la promoción del aborto y la defensa de la vida, un sacerdote se acercó a activistas proaborto para establecer un diálogo. El ministro creyó que las jóvenes tendrían interés de explicar los argumentos tras sus repetidas consignas, pero las interpeladas no quisieron ni dialogar. Al final explicaron que el ministro de culto nada tenía que aportar a la lucha que aquellas emprenden; dijeron, eso sí, que la Iglesia y sus sacerdotes debían primero atender los casos de abuso y pederastia.